El Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, llamado por algunos “la
mega reforma” llegó al Senado, donde el gobierno espera lograr su
aprobación aunque sea por un voto. La verdad es que el gobierno, con el
ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la cabeza, tiene claro que no hay
ningún margen de error y que la decisión del Senado depende de uno o
dos votos.
La oposición, según lo han señalado sus principales dirigentes esta
dispuesta a rechazar el proyecto del Ejecutivo, corriendo el riesgo de que
los senadores de oposición pierdan el apoyo de sus votantes en las
zonas donde se efectuará la reconstrucción: Concepción y Valparaíso.
Como último recurso, si se aprueba el proyecto, la oposición llevara el
texto al Tribunal Constitucional. Los comités opositores solicitaron
ampliar el número de comisiones revisoras, argumentando que varias
normas del texto violan mandatos constitucionales.
En este escenario el Gobierno no tiene otro camino que negociar con
sectores de la oposición para lograr la aprobación del proyecto. El
ministro Quiroz, según se supo está disponible para ceder en aspectos
específicos del proyecto, para de esta manera salvar el llamado
“corazón” del mega proyecto. Ellos serían:
Exención de contribuciones a adultos mayores de 65 años: Las
municipalidades están mayoritariamente en contra pues se genera un
impacto en el Fondo Común Municipal. Quiroz señaló a la Asociación
Chilena de Municipalidades que el 88% de los municipios no serán
afectados y que el FCM “en su monto actual no se va a tocar”.
Propiedad intelectual e inteligencia artificial: este punto fue
rechazado en la Cámara de Diputados y no será repuesto.
Norma sobre compras públicas del Ministerio de Obras Públicas: No
se insistirá en su aprobación.
La franquicia tributaria del Sence: el gobierno insistirá en ella, pero
modificada sustancialmente. Se señaló que el tope deducible bajaría del
1% al 0,7%-0,75% de la planilla anual de remuneraciones de las
empresas. El costo fiscal bajaría de los US $ 300 millones a los US $
200 millones.
Por lo pronto, el Gobierno apunta a despachar el proyecto a fines de
julio y tener una ley promulgada para agosto, mientras que la
discusión en la Comisión de Hacienda continúa este jueves en doble
jornada.
