Por Renato Ahumada C
Director El Cordillerano
El gobierno del Presidente José A. Kast ha presentado al Congreso, el
proyecto de “Reconstrucción Nacional”, que en su artículo 33, buscaba
instaurar un mecanismo de invariabilidad tributaria por 25 años para
inversiones superiores a los US $ 50 millones. El proyecto es visto
como una actualización del derogado DL 600 que trataba esta materia.
Los partidarios de la inviabilidad tributaria justifican su existencia,
señalando que ella otorga certeza jurídica a los grandes inversionistas
para el desarrollo de proyectos a largo plazo. El Estado garantiza de
esta manera, que las reglas tributarias que se dé el país, no afectarán
el proyecto, esto es, que él no sufrirá alzas impositivas, minimizando el
riesgo para los inversionistas que de esta manera quedan cubiertos de
posibles cambios legislativos impulsados por mayorías políticas. El
fundamento de quienes lo plantean, es que la IT permitiría concretar
inversiones de gran volumen. Se señala que esas empresas necesitan
estabilidad fiscal para calcular los retornos de su inversión.
Esta posición ha sido criticada por diversos analistas y destacados
abogados constitucionalistas, que argumentan que la IT limita la
soberanía tributaria de los futuros gobiernos elegidos
democráticamente, atentando en consecuencia en contra de los
principios constitucionales. Señalan además, que su implantación
altera los principios de la llamada “equidad tributaria”, al otorgaría
condiciones especiales a proyectos específicos.
Incluso el destacado abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, ha
señalado en una columna de opinión, que su implantación “constituye
una severa anomalía constitucional por el intento de una legislatura
actual de amarrar a las futuras” legislaturas. Según argumenta, la
“propuesta impide que los próximos cinco presidentes y congresos
ejerzan las competencias que la Constitución les confiere”.
Dado todo lo anterior, cabe valorar en todo lo que vale, el acuerdo
alcanzado entre el Gobierno y la bancada de senadores del PPD
sobre la fórmula de invariabilidad tributaria incluida en el proyecto de
Reconstrucción Nacional, según el cual, se reduce de 25 a 10 años el
plazo general de invariabilidad para proyectos de inversión de hasta
US$100 millones; las inversiones hasta US$350 millones podrán
acceder a un régimen de 15 años, y el plazo máximo de 25 años
quedará reservado solo para inversiones superiores a US$500
millones. El acuerdo incorpora una sobretasa permanente de 1,5%,
como una prima asociada al beneficio de la invariabilidad,
manteniéndose el pago del royalty minero, punto solicitado por el PPD.
El acuerdo alcanzado debe valorarse, pues permitirá aprobar en el
Congreso este aspecto crucial del Proyecto de Ley de Reconstrucción
Nacional con una mayoría importante, otorgando estabilidad a las
reglas del juego, permitiendo desarrollar nuevos proyectos de
inversión y recuperando la competitividad de nuestra economía. Y
sobre todo, para crear las bases que permitan la recuperación
económica del país, en beneficio de todos los chilenos.
