El proyecto de Reconstrucción Nacional, llamado también “megareforma” contiene
algunas normas que fueron incorporadas en la discusión parlamentaria y que el
gobierno vetara por estar en contra del espíritu y la letra del proyecto.
Entre ellas se cuentan:
La norma que obliga a las empresas distribuidoras de electricidad, agua potable y
gas por red a reconectar gratuitamente los servicios suspendidos por deudas
a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas
en zonas afectadas por temporales o catástrofes. La reposición de los servicios
deberá concretarse en un plazo de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas
para agua potable y alcantarillado. Además, las compañías no podrán cobrar por
la reposición, las visitas técnicas o la revisión de las instalaciones y si incumplen
los plazos, deberán compensar al usuario con tres días de suministro gratuito por
cada jornada de retraso.
Una tercera norma es la que crea un crédito tributario para que las empresas
financien voluntariamente tratamientos de enfermedades catastróficas de sus
trabajadores dependientes, sus hijos menores de 26 años, cónyuges o
convivientes civiles. Según el gobierno, quienes trabajan en grandes compañías o
empresas públicas tendrían mayores posibilidades de acceder al beneficio que
aquellos empleados por una pyme con menor capacidad financiera, trabajadores
informales o personas desempleadas.
La norma del pago a las PYMES a los 30 días indicación presentada por el
Frente Amplio pues según las autoridades de Hacienda “un régimen
excesivamente punitivo podría terminar produciendo el efecto contrario”. Ello por
cuanto, las empresas grandes dejarían de contratar a a PYMES para no a
sanciones.
Otra norma que será vetada por el gobierno, es la que prohíbe el anatocismo, es
decir, la posibilidad de capitalizar intereses para que generen nuevos intereses. El
Gobierno, y distintos economistas de diversas escuelas han advertido que la
prohibición también afectaría créditos, depósitos a plazo, libretas de ahorro y otros
instrumentos financieros. Además elevaría el costo de los créditos y distorsionaría
el mercado financiero.
Finalmente, la última norma que vetará el gobierno es la que establece el
denominado “derecho al olvido financiero” obliga a las instituciones financieras
a eliminar de sus registros internos la información sobre deudas impagas o
extinguidas una vez transcurridos cinco años. La industria bancaria han advertido
que reducir la información disponible aumentará la incertidumbre de las
instituciones financieras y encarecerá los préstamos y las tasa de interés.
