Por Reiman Aranda
Ejecutivo de cuentas PR
Mientras el Congreso discute una nueva ampliación de la denominada Ley del Mono, el
debate se ha concentrado principalmente en cuántas viviendas podrían acceder al
beneficio. Sin embargo, existe un desafío menos visible que podría ser determinante para el
éxito de la iniciativa: ¿están realmente preparadas las municipalidades para absorber
un eventual aumento masivo de solicitudes?
La pregunta cobra relevancia al dimensionar el uso que ya ha tenido este mecanismo. Un
informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional,
publicado en junio de 2026, señala que entre 2016 y 2024 se registraron más de 164 mil
permisos de regularización habitacional, equivalentes al 47% del total de permisos
habitacionales otorgados en ese período. Las viviendas regularizadas registraron una
superficie promedio cercana a los 100 m², mientras que las ampliaciones regularizadas
alcanzaron aproximadamente 43 m².
El dato revela que la Ley N°20.898 no ha sido un mecanismo marginal: representa una
parte significativa de la actividad habitacional registrada durante los últimos años. Y ahora el
Congreso analiza nuevas modificaciones.
Actualmente, la ley se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que el
proyecto actualmente en tramitación, propone ampliar el régimen excepcional, actualizar la
antigüedad exigida a las edificaciones y flexibilizar determinadas normas urbanísticas. En
paralelo, busca incorporar un mecanismo para formular observaciones y permitir la
subsanación de antecedentes, además de extender la vigencia del procedimiento.
¿Cuántas viviendas siguen sin regularizar?
El Censo 2024 contabilizó 7.642.716 viviendas en Chile, de las cuales 7.638.396
corresponden a viviendas particulares. Sin embargo, el Censo no permite determinar
cuántas de ellas se encuentran potencialmente en condiciones de ser regularizadas
mediante la Ley N°20.898.
Por eso, más que entregar una cifra estimativa sin respaldo, el antecedente relevante es
otro: en apenas ocho años se registraron más de 164 mil permisos de regularización
habitacional. Si una nueva modificación amplía el universo de beneficiarios, la demanda
sobre las DOM podría aumentar nuevamente.
Luis Conejeros, CEO de Rabbitts Capital: “El cuello de botella podría trasladarse desde la
ley hacia las municipalidades”.
Para Luis Conejeros, CEO de Rabbitts Capital, el desafío no está únicamente en aprobar
una nueva ampliación de la Ley del Mono, sino en garantizar que exista capacidad
institucional para procesar las solicitudes. “El cuello de botella podría trasladarse desde la
legislación hacia las municipalidades. Una ley puede facilitar el acceso a la regularización,
pero si las DOM no cuentan con la capacidad técnica y administrativa necesaria para revisar
oportunamente los expedientes, el propietario puede terminar enfrentando una espera que
contradice el objetivo de simplificar el proceso”, afirma Conejeros.
El Gobierno ha avanzado en la digitalización de estos procesos a través de DOM en Línea,
pero el desafío de fondo permanece: detrás de cada solicitud existe una revisión técnica
que debe ser realizada por las Direcciones de Obras Municipales. Y con una eventual
ampliación de la Ley del Mono que podría aumentar significativamente el número de
expedientes, la capacidad de las DOM para responder dentro de los 90 días hábiles
establecidos por la normativa podría convertirse en el verdadero test de esta nueva etapa
de regularización habitacional. En definitiva, el éxito de la reforma no se medirá solo por
cuántas viviendas puedan ingresar al sistema, sino por cuántas efectivamente logren
obtener su regularización en los plazos establecidos.
