Carlos Peña, abogado, filósofo y actual Rector de la Universidad Diego Portales y
también destacado columnista del Diario El Mercurio, publicó en ese medio un
duro análisis del Proyecto de Reforma Constitucional sobre seguridad pública
presentado por el Ejecutivo a consideración del Congreso Nacional. Escribió el
destacado intelectual: “Se ha reparado poco en lo que significa el proyecto de
Reforma Constitucional sobre seguridad pública. “La Reforma constitucional que
presentó el Gobierno y cuán modesto es su autor, al extremo que se resiste a
reivindicar su obra. Se trata de un conjunto de reglas que pretenden dotar al
Presidente, durante 240 días, del poder unilateral de suspender o restringir, a su
arbitrio, derechos fundamentales. Presentado ese proyecto, y frente a algunas
voces de su propio sector que se le opusieron (aunque durante unos días
mantuvieron un pudoroso silencio), el Gobierno ha manifestado su voluntad de
modificarlo.
Agrego Carlos Peña: Esos son los hechos. Y la gravedad que revisten es
flagrante. Porque no cabe duda de que quien lo ideó, el Presidente y los ministros
que firmaron el proyecto —salvo que al hacerlo estuvieran bromeando—
pensaban que lo que él contenía era correcto, que entregar tamaño poder al
Presidente y restárselo al Congreso y privar de derechos a los ciudadanos durante
ocho meses, estaba bien, que era lo adecuado, lo que correspondía. Es decir
—salvo que el proyecto fuera una broma frívola o que ninguno de quienes lo
firmaron lo entendiera, hipótesis que por ofensiva hay que descartar—, el proyecto
representaba la convicción de quienes pusieron su firma en él. Es inevitable
imaginar a los ministros y al Presidente comentando su contenido y felicitándose,
al final de la dura jornada que hubieron de ocupar en redactarlo, por las ideas que
él contenía.
Es difícil (salvo que la adhesión irreflexiva al Gobierno lo impida, o que los temores
alimentarios hagan otro tanto; aunque por estos días parece haber de ambos) no
considerar de la máxima gravedad un hecho como ese, que no es sino un síntoma
de lo que pugna por salir en algunos sectores gubernamentales, esa pulsión por
alcanzar el orden a cualquier costo, incluido, claro, el daño a los principios de la
democracia liberal.
Luego, agrega el Rector Peña: “Por supuesto el asunto se simplifica diciendo que
de lo que se trata es de proteger a la población, la que, para alcanzar la seguridad
estaría dispuesta a sacrificar sus libertades. Ese argumento (que algunos
comentaristas sugieren esgrimiendo encuestas para encontrarle alguna
racionalidad a lo hecho por el Gobierno) es incluso peor. Todos saben, o debieran
saber, que la gente invadida por el miedo es capaz de cualquier cosa; pero justo
por eso existen los derechos fundamentales y las reglas: para impedir que aquello
que la gente clama (¡basta de garantismos!, ¡fuera los jueces que no encarcelan!,
¡mano dura¡, etcétera) no se lleve a cabo, y para que la delgada capa que
llamamos civilización y que consiste en someter a reglas la acción del Estado y
dotar a los ciudadanos, incluso a quienes delinquen, de inmunidades frente al
poder, subsista incluso cuando las mayorías atemorizadas clamen porque una
mano dura, sin reglas, acabe con la delincuencia.
Tampoco es razonable atribuir ese texto a una improvisación, como lo sugirió el
editorial de este mismo diario. Decir, o sugerir, que es el resultado de una
improvisación es lo mismo que decir que nadie cree de veras lo que en él se dice,
y que su texto en realidad fue fruto de un descuido, de un apuro finalmente
excusable. Pero eso equivale a exculpar de toda responsabilidad al Gobierno por
las ideas que subyacen a ese proyecto.
Algunos intelectuales que apoyan al Gobierno han tomado distancia,
afortunadamente, del contenido de ese proyecto y han abogado (no con
demasiada firmeza, todo hay que decirlo, pero al menos con claridad) porque se lo
modifique. Pero la cuestión fundamental sigue en pie. Porque el proyecto, como es
obvio, no es más que un resultado de las ideas, inconscientes o no, que bullen en
la cabeza de algunos de quienes están en el Gobierno, que creen razonable
entregar tamaño poder al Ejecutivo y sacrificar a ese extremo derechos
fundamentales, ideas que el Presidente endosó. Y no basta, por supuesto, con
constatar ese hecho y describirlo refugiándose en la neutralidad del análisis; es
necesario adoptar un punto de vista crítico frente a él, rechazarlo y explicitar con
claridad que algo así no solo es erróneo en sí mismo, como lo es, sino que revela
las ideas subyacentes en el gobierno que decidió presentarlo.
En suma, cabría subrayar, no basta con oponerse al proyecto; es necesario tener
alguna opinión explícita sobre quienes, formando parte del Gobierno, lo idearon, lo
escribieron, redactaron y luego lo firmaron ¿O en estas materias no hay nadie
responsable y estamos frente al viejo pretexto de un texto sin autor, de un texto en
el que importa no su origen, sino su destino?”
