En Argentina, la embajada de China se comunicó con el Poder Legislativo de
la Ciudad de Buenos Aires para cancelar el evento que molestaba al
embajador chino. El pedido fue atendido y la conferencia “El Sistema
Internacional de Derechos Humanos bajo presión: ¿reforma, resistencia o
colapso? organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América
Latina (CADAL) fue cancelada.
El caso forma parte de una estructura represiva de China que trasciende sus
fronteras. La Ley de Unidad Étnica recientemente sancionada es parte de los
movimientos que el régimen conducido por Xi Jinping realiza en todas partes del
globo. Los uigures -una etnia radicada en el norte de aquel país perseguida
brutalmente desde hace años por Beijing- son uno de los principales depositarios
de estos abusos por parte del Partido Comunista Chino. El 20 de julio pasado,
en Marruecos, también por petición del gobierno chino, uno de los principales
dirigentes de los uigures fue expulsado del país sin mayores
explicaciones. Beijing agradeció el gesto de buena voluntad.
El Congreso Uigur Mundial condenó el hecho y pidió explicaciones al gobierno
marroquí: Señaló: “El caso refleja un patrón más amplio de represión transnacional
y pedimos a Marruecos que explique la decisión y aclare si estuvo implicada
presión china. Omer Kanat, director ejecutivo del Proyecto de Derechos
Humanos Uigur, escribió en una columna de opinión en The Diplomat señalando:
“Beijing afirma que la ley fomentará la cohesión y protegerá los derechos de
las minorías. En realidad, ya está logrando lo contrario”. Y agregó: “Los
gobiernos deben tomar medidas decisivas para desafiar la ley y proteger a las
comunidades de la diáspora antes de que sea demasiado tarde”.
Hay que recordar que el régimen del PCC “desmanteló la vida social, cultural y
religiosa de los uigures”. Numerosos países y parlamentos alrededor del mundo
calificaron lo sucedido en la región de Sinkiang como un genocidio y un crímen
de lesa humanidad.
