Las sendas presentaciones que parlamentarios de derecha y centro derecha
(Partido republicano y Chile Vamos) han ingresado al Tribunal Constitucional,
solicitando que la senadora Isabel Allende debe cesar en su cargo por haber
infringido un artículo de la Constitución Política del Estado, ha colocado a este
organismo en un pie forzado del cual le será muy difícil salir.
Hay que señalar que el artículo ya mencionado de la Constitución Política del
Estado señala que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su
ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.
La violación de la norma constitucional se produjo por el solo hecho de haber
firmado la senadora Allende, ante notario, la escritura pública de compraventa de
la propiedad que años atrás perteneció a Salvador Allende y que ahora pertenece
a sus herederos entre los cuales se cuenta la senadora.
El gobierno según el decreto respectivo, firmado por el presidente Boric, y la citada
escritura, pagaría por la propiedad, una suma cercana a los mil millones de pesos.
El Tribunal Constitucional está integrado mayoritariamente por juristas partidarios
del gobierno. El organismo tiene solo dos caminos: aplicar la norma constitucional
o buscar resquicios legales, artilugios o triquiñuelas jurídicas para no aplicarla. Si
opta por este último camino, generaría un daño tremendo a la institucionalidad
vigente.
El Código Civil en su artículo19 establece: “Cuando el sentido de la ley es
claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.
