La emisión de la resolución que decretó la prisión preventiva del sicario que
asesinó a un comerciante del barrio Meiggs, con un error en el nombre,
desencadenó una serie de hechos que han desatado el mayor escándalo del
Poder Judicial de los últimos años.
El sicario, Osmar Ferrer Ramírez, quedó el 10 de julio en libertad, luego que el 8°
Juzgado de Garantía emitiera – al parecer por un error – una orden de revocar su
prisión preventiva, orden que ahora está siendo investigada, por un fiscal.
La orden que liberó al sicario fue recibida por canales regulares por gendarmería,
descartándose que se hubiese vulnerado el sistema informático.
De acuerdo a las últimas investigaciones, se estableció que corregir la
identificación del sicario. A las 20:28 horas, el Juzgado emitió una nueva orden de
ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos. Con el objeto de
determinar exactamente, la verdad de los hechos, Fernando Carreño, presidente
de la Corte de Apelaciones de Santiago, citó a un pleno extraordinario para
analizar el caso. Después, el tribunal de alzada instruyó un sumario administrativo
y ordenó entregar los antecedentes al Ministerio Público para la investigación
penal de los graves hechos.
