En un extenso informe la Contraloría Regional de Valparaíso reveló que en la
Municipalidad de Putasendo se han detectado graves irregularidades
administrativas, contables y operativas. El Informe se efectuó luego de que el
organismo auditara las compras y pagos efectuados durante 2024. El Informe
Final 97-2025, abarca el periodo entre enero y octubre del año pasado.
La Contraloría detectó que el municipio de Putaendo tiene 27 sumarios
inconclusos. La Contraloría detecto que existía un uso excesivo del trato directo.
En el Carnaval de la Chaya se por el Concejo 120 millones, y finalmente se
gastaron 350 millones.
El organismo fiscalizador también detectó la existencia de un gran desorden
financiero, y que la última conciliación bancaria formal de la cuenta principal es de
2021, generando una diferencia de $653 millones entre los registros contables
municipales y los saldos confirmados por BancoEstado.
LA Contraloría señalo que existen múltiples irregularidades en las adquisiciones:
hay compras fragmentadas, tratos directos sin justificación, órdenes de compra
emitidas después de recibir los servicios, falta de publicación en Mercado Público
y ausencia de documentos base.
Según la Contraloría, el municipio carece de manuales de procedimientos
esenciales ni con un mecanismo para prevenir conflictos de interés.
En el contrato de recolección de residuos con la empresa BIO REC, se verificaron
graves incumplimientos: camiones que no cumplían con la normativa, que no se
aplicaron las multas por las faltas, la existencia de contratos sin toma de razón y
utilización de vehículos destinados a otros contratos. La Contraloría formuló un
reparo por más de $121 millones.
En el contrato con Servicios GEA Ltda., por la disposición final de residuos, la
municipalidad no designó a un inspector técnico del contrato, no revisó pesajes
atípicos ni controló los tiempos de descarga. Finalmente la Contraloría detectó
entrega de vales de gas a personas sin acreditar la vulnerabilidad, asignar
estanques de agua a crianceros y ganaderos, vulnerando la normativa.
La Contraloría cuestionó los gastos excesivos del Carnaval de la Chaya, donde se
firmaron contratos sin contar con presupuesto disponible. El alcalde modificó
unilateralmente el presupuesto municipal, dejando sin recursos otras áreas, como
el alumbrado público.
