Por Jorge Heine
Ex ministro de Estado
Ex embajador de Chile en China, India y Sudáfrica.
La nueva estrategia hemisférica del presidente revive la lógica intervencionista mientras ignora la urgente necesidad de infraestructura y diversificación económica de la región.
El “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe, “una restauración potente y de sentido común del poder y las prioridades estadounidenses, en consonancia con los intereses de seguridad estadounidenses”, que establece que “el pueblo estadounidense —no las naciones extranjeras ni las instituciones globalistas— siempre controlará su propio destino en nuestro hemisferio”, es un componente clave de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 publicada la semana pasada por la administración Trump.
Colocar al hemisferio occidental en el primer plano como prioridad de la política exterior de Estados Unidos marca un cambio significativo respecto del “pivote hacia Asia” iniciado en el primer mandato del presidente Obama.
En principio, es difícil objetar la idea de que, al alejarse de una agenda global excesivamente ambiciosa, Estados Unidos debería reordenar sus objetivos de política exterior. Por lo tanto,un renovado enfoque en las Américas pareciera hacer sentido. Además, supone un cambio no menor con respecto a la primera administración Trump, en la que el presidente solo visitó Latinoamérica una vez, y ello para la cumbre del G20 en Buenos Aires en 2018.
Tampoco cabe duda de que la región —que aún intenta recuperarse de la crisis de 2020, cuando sufrió la mayor caida del PIB en 120 años (-6,6%) según la CEPAL– podría beneficiarse enormemente de una mayor cooperación comercial, de inversión y financiera de Estados Unidos. Durante demasiado tiempo, la región ha tenido un crecimiento económico bajo. Necesita con urgencia el impulso que una política estadounidense seria, diseñada para impulsar su desarrollo, podría generar.
Como demuestra el nuevo libro del politólogo Francisco Urdinez, Desplazamiento Económico: China y el Fin de la Primacía Estadounidense en América Latina, parte de la razón por la que China ha logrado avances tan significativos en América se debe al repliegue de Estados Unidos, especialmente en Sudamérica. Cualquier intento por revertir esta situación debería ser bienvenido.
Dicho esto, el propio término “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe evoca el “Corolario Roosevelt”, acuñado por el presidente Theodore Roosevelt a principios del siglo XX para justificar lo que se conoció como la “diplomacia de las cañoneras” estadounidense. Esta última condujo a la invasión y ocupación estadounidense de varios países de Centroamérica y el Caribe, entre ellos Haití, República Dominicana, Cuba y Nicaragua.
Mientras Estados Unidos despliega su mayor portaaviones, el USS Gerald Ford, y una importante flotilla de buques de guerra adicionales frente a las costas de Venezuela, hunde supuestos “barcos de drogas”, mata a sus tripulaciones por acusaciones no probadas de contrabando y anuncia que pronto atacará objetivos en territorio venezolano, el paralelo con el Corolario Roosevelt se vuelve especialmente vívido.
Gran parte de la atención sobre la renovada adopción por parte de la administración de la Doctrina Monroe (que provoca mucho rechazo en la región, por razones obvias) en la Estrategia de Seguridad Nacional se ha centrado en su dimensión militar, que plantea “un reajuste de nuestra presencia militar para abordar las amenazas urgentes en nuestro hemisferio, especialmente las misiones identificadas en esta estrategia”.
Sin embargo, la dimensión económica debería ser igualmente preocupante. Revela una percepción equivocada de las economías latinoamericanas, cómo interactúan con el resto del mundo y qué se debe hacer para impulsar el desarrollo de la región.
Nada refleja esto mejor que la última frase de la sección sobre el Hemisferio Occidental, que afirma: «Debemos hacer todo lo posible para expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructura en la región». Si bien el documento enfatiza la importancia de una infraestructura resiliente para la economía estadounidense, en el caso de América Latina, existe un extraño hilo conductor que apunta en la dirección opuesta, aparentemente decidido a frenar la expansión de la infraestructura regional si una entidad extranjera la construye.
En la era de una economía mundial globalizada e interdependiente, para una región alejada de los principales mercados mundiales, pocas cosas son tan importantes para su competitividad como una infraestructura pública adecuada, es decir, sus puertos, carreteras, túneles, puentes y ferrocarriles. Sin embargo, esta es también una de las mayores debilidades de la región.
Décadas de subinversión han generado un déficit de infraestructura que, según estimaciones del Economist Intelligence Unit, requiere una inversión de 250 000 millones de dólares anuales entre 2024 y 2028 para cerrar la brecha. El resultado neto de este deficit es que los costos de logística y transporte en América Latina alcanzan entre el 14 % y el 18 % por unidad de exportación, en contraste con un promedio de tan solo el 8 % entre los países miembros de la OCDE.
Esto hace que las exportaciones latinoamericanas, tan vitales para las economías de la región, sean menos competitivas de lo que serían de otro modo, y es una de las razones del bajo crecimiento y relativo estancamiento de la región.
En este siglo, y especialmente desde 2010, las constructoras chinas han comenzado a reducir este déficit, construyendo puertos, carreteras, ferrocarriles y metros en toda la región. Ejemplo de ello es el puerto peruano de Chancay, el más moderno de la costa oeste de Sudamérica, construido por la empresa china COSCO con una
inversión de 1.300 millones de dólares e inaugurado por el presidente Xi en noviembre de 2024.
No cabe duda de que la referencia citada anteriormente en la Estrategia Nacional de Desarrollo (NSS) tiene como objetivo impedir que las empresas chinas sigan haciéndolo. Además, la NSS amplía esta noción más allá de la infraestructura al afirmar: «Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales» (énfasis mío). Esto, por supuesto, podría significar cualquier cosa, desde presas y centrales eléctricas hasta recursos minerales clave, que obstaculicen la IED procedente de cualquier lugar fuera del continente americano.
Este enfoque presenta varios problemas. En primer lugar, ignora que la región con mayor crecimiento y dinamismo del mundo actual es Asia, y que China es la segunda economía más grande del mundo. Esto significa, por definición, que muchas regiones del mundo, incluida América Latina, han experimentado y experimentarán un aumento en los flujos comerciales y de inversión con ella (China ya es el principal socio comercial de Sudamérica). Intentar detener esto equivale a intentar impedir la salida del sol.
En segundo lugar, ignora que, durante décadas, las constructoras estadounidenses se han abstenido de participar en licitaciones para proyectos de infraestructura en Latinoamérica por considerarlos demasiado pequeños o por otras razones. Es improbable que esto cambie debido a llamados del gobierno estadounidense. Hace unos años, un gobierno conservador colombiano se mostró interesado en adjudicar el contrato para la construcción del metro de Bogotá a una empresa estadounidense. Descubrió que no hay empresas estadounidenses que construyan metros. En 2019, adjudicó la licitación a una empresa china.
Por otro lado, los costos de las constructoras europeas suelen ser demasiado altos, lo que las hace a menudo poco competitivas. Así, no es sorprendente que las empresas chinas estén teniendo buenos resultados, ganando licitaciones para muchos proyectos de infraestructura.
Una de las razones por las que los latinoamericanos siguen emigrando a Estados Unidos es por el subdesarrollo de la región y la consiguiente falta de oportunidades económicas para su población. La noción de que la mejor manera de detener estos flujos migratorios es bloqueando los intentos de reducir el enorme déficit de infraestructura de la región, manteniéndola así en un estado de subdesarrollo perpetuo, es insostenible.
En el nuevo siglo (a diferencia de 1823, cuando se proclamó originalmente la Doctrina Monroe), las naciones latinoamericanas han diversificado sus vínculos internacionales, interactúan con el mundo y se benefician de los flujos de comercio, inversión y cooperación financiera de todo el planeta, como corresponde a una era de interdependencia. Intentar volver atrás a tiempos pretéritos, bloqueando los flujos de inversión de las llamadas “potencias extra hemisféricas” es inútil. Ya paso la vieja.
Jorge Heine es investigador no residente del Instituto Quincy y fue anteriormente profesor en la Escuela Pardee de Estudios Globales de la Universidad de Boston. Se ha desempeñado como ministro de Estado del gobierno chileno y como embajador en China, India y Sudáfrica. Es coautor de un nuevo libro, The Non-Aligned World: Striking Out in an Era of Great Power Competition (Polity Press, 2025).
