La Cámara de Diputados, que esta estudiando el proyecto de reajuste al sector público, escucharon en esta jornada, las exposiciones sobre el proyecto de la Contralora General de la República Dorothy Pérez y de la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides.
Ambas cuestionaron el proyecto. La Contralora abordó lo que se ha denominado “Ley de amarre”. Criticó los efectos que se podrían producir en la carrera funcionaria y la alteración que generaría sobre las competencias de la de la institución que dirige. Señaló que Las normas del proyecto que limitan el despido de funcionarios- “afectan la carrera funcionaria”. “Para los funcionarios que son (a contrata) transitorios (se) establece que por el solo ministerio de la ley expirarán el 31 de diciembre (…) Luego señaló: “El efecto concreto y práctico es que afecta a la carrera funcionaria, porque los funcionarios que han estado haciendo esa carrera pueden ser saltados por terceros que son ajenos a la administración o que han ingresado hace muy poco, que pueden acceder a cargos de mucho mayor grado en desmedro del resto de los funcionarios públicos, que se han desempeñado por largos años en la institución”.
Sobre las funciones de la Contraloría la funcionaria criticó el artículo que señala que la Contraloría no debe intervenir ni informar en los asuntos que sean de carácter litigioso o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales, y que solo puede abstenerse, cuando haya reclamos del personal a contrata. “Esta norma altera las competencias de la Contraloría”.
La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, señaló su preocupación por el financiamiento. Apunto a que según la información del Ministerio de Hacienda, el costo fiscal de la iniciativa es de US$1.668 millones (1,7% del gasto público aprobado). “De este, US$876 millones están asociados al reajuste de remuneraciones y subvenciones, representando el 52% del costo total estimado. Los restantes US$793 millones están destinados a financiar beneficios adicionales (48% del costo estimado), tales como bonos y aguinaldos del sector pasivo, cotizaciones del empleador para Atención Primaria de Salud (APS) e incentivos al retiro, entre otros”, indicó. “Se requerirá un financiamiento adicional de, aproximadamente, US$822 millones respecto de las fuentes identificadas, lo que es un esfuerzo exigente”.
