Ciper ha venido informando profusamente sobre el caso fundaciones. En
especial sobre el caso Procultura que dirigía Alberto Larraín, amigo personal del
Gobernador Metropolitano Claudio Orrego. Por su importancia reproducimos a
continuación la información publicada por el medio ya mencionado: “Este
lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago llevó a cabo la tercera
jornada de formalización de cinco imputados del Caso Procultura acusados de
fraude al fisco, luego de su detención el pasado viernes tras la orden del
tribunal. Entre ellos se encuentra el director de la fundación y psiquiatra,
Alberto Larraín. Según constató Ex-ante, el actual gobernador regional
metropolitano, Claudio Orrego, fue mencionado 70 veces en la minuta de
formalización de la fiscalía. Esto, porque autorizó el traspaso de más de $1.600
millones a Procultura para la ejecución del proyecto “Quédate”, que buscaba
prevenir el suicidio. El Ministerio Público acusa que la autoridad “se habría
puesto de acuerdo con los imputados” para beneficiar a la ONG, según señaló
en la audiencia.La Fiscalía Regional de Antofagasta acusa que el gobernador habría abusado de
su cargo al no considerar que la fundación no contaba con la idoneidad y
experiencia necesarias para desarrollar la iniciativa. Además, apunta a que
Orrego tiene una relación cercana con Larraín desde hace al menos 12 años,
tras su paso por la Democracia Cristiana (DC). A esto se suma que, cuando
Orrego presidía la Municipalidad de Peñalolén, el psiquiatra formó parte del
Centro de Salud Mental Infantil de esa comuna. Larraín además colaboró con la
campaña de Orrego e integró el directorio de la Corporación Regional de
Turismo del GORE Metropolitano cuando el ex DC ya estaba en el cargo.
El 4 de septiembre de 2025, la fiscalía solicitó el desafuero de Claudio Orrego
por los delitos de cohecho y fraude al Fisco, cuya aprobación es requisito para
que el gobernador sea formalizado.
El fiscal Juan Castro Bekios solicitó prisión preventiva para Larraín y para la
representante legal de Procultura, María Constanza Gómez. Esta semana, el
tribunal definirá qué medidas cautelares aplicará para ambos y para las dos
formalizadas restantes: la jefa de estudios, Teresa Abusleme, y la exjefa de la
División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional (GORE)
Metropolitano, Evelyn Magdaleno. En tanto, el también formalizado Gabriel
Prado, quien fue contratado por el GORE para contactar a la ONG, quedó con
arresto domiciliario total, lo que fue decretado durante la audiencia realizada el
domingo”.
