Por Jorge Heine
Ex embajador de Chile en China

El 20 de febrero, el Departamento de Estado anunció que había revocado las visas del ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, del subsecretario de Telecomunicaciones y del jefe de gabinete de este último, por supuestamente “poner en peligro la seguridad regional”.

El anuncio, provocado por el hecho de que el gobierno chileno estaba considerando autorizar la instalación de un cable submarino de internet de fibra óptica desde Valparaíso a Hong Kong, hizo que las relaciones entre Estados Unidos y Chile entraran en crisis.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, fue citado al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno para dar explicaciones. El comentario posterior del secretario de Estado, Marco Rubio, de que el gobierno chileno encabezado por el presidente Gabriel Boric había ” manchado ” su legado no ayudó. Unos días después, durante una conferencia de prensa, Judd denunció que se habían producido “incursiones en los sistemas de telecomunicaciones de Chile por parte de actores extranjeros malintencionados”, lo que provocó una enérgica respuesta del ministro de Relaciones Exteriores chileno, quien objetó tanto el tono como el contenido de la declaración del enviado estadounidense.

¿Fue esto solo un día más de la “ Doctrina Donroe ” en acción ?

Cancelar visas estadounidenses a funcionarios gubernamentales que desagradan a Washington no es nada nuevo, aunque podría argumentarse que la administración Trump ha llevado esta práctica a nuevos límites. Lo notable de esta medida son sus circunstancias y el grado al cual la administración Trump sigue desafiando los límites de lo que se considera comportamiento diplomático aceptable.

En este caso, las sanciones impuestas al ministro y otros funcionarios no fueron por la aplicación de ciertas políticas, o incluso por su aprobación,sino por el mero hecho de considerarlas. En la raíz de todo esto se encuentra un proyecto de 500 millones de dólares presentado al gobierno chileno por la empresa china China Mobile para instalar un cable de 18,000 kilómetros desde el principal puerto de Chile, Valparaíso, a través del Pacífico hasta Hong Kong. Sorprendentemente, este sería el primer cable de este tipo que conecta Asia con Sudamérica, a pesar de que China es el principal socio comercial del continente. Contrasta ello con la existencia unos 30 cables de este tipo que unen Asia con Norteamérica y unos 25 que cruzan el Atlántico Norte.

Actualmente, todas las comunicaciones electrónicas de Sudamérica a Asia deben pasar por Estados Unidos, lo que las hace más lentas y costosas. Y Washington se empeña en que siga siendo así, decidido a mantener su monopolio de dichas comunicaciones, con el cuestionable pretexto de los peligros para la seguridad regional derivados de los cables chinos.

Las complejidades de la burocracia chilena son considerables, y existe cierta controversia sobre cuántos trámites había cumplido el decreto de autorización del proyecto hasta el 20 de febrero y cuántos faltaban para que se oficializara. La evidencia incluso indica que, tras una aprobación inicial del ministro, esta se echo marcha atrás.

En definitiva, sin embargo, el decreto ejecutivo aún estaba en curso y no había sido cursado ni oficializado. En tales circunstancias, sancionar por anticipado una medida que está aún pendiente no solo constituye una injerencia indebida en los asuntos internos de otra nación. Más bien, parece diseñado para precluir no solo políticas que no son del agrado de Washington, sino que incluso su mera consideración. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sancionar a un ministro de un gabinete latinoamericano por proponer una medida específica en una reunión de gabinete o por discutirla con el presidente o su equipo?

Lo que hace aún más paradójico todo esto es que, según la legislación chilena, cuando una empresa extranjera presenta una propuesta de inversión para su autorización, el gobierno está obligado a considerarla debidamente. De no hacerlo, queda expuesta a acciones legales, tanto en tribunales locales como internacionales. En este caso, lo que Estados Unidos objeta es el hecho mismo de que el gobierno chileno esté considerando una propuesta de una empresa china —algo que el ejecutivo chileno está obligado a hacer por ley— incluso si aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Y estas medidas estadounidenses afectan directamente un componente clave de la estrategia de desarrollo del que se podría decir que es el país más avanzado de la región y su intento de dar el gran salto hacia el desarrollo. El éxito de Chile se ha basado en gran medida en una economía abierta; un modelo de desarrollo orientado a la exportación; el libre comercio (ha firmado 30 tratados de libre comercio con unos 65 países); y en la orientación hacia el Asia-Pacífico: el 60% de sus exportaciones se destinan a Asia y el 40% a China. Sin embargo, durante la última década, el país ha caído en la trampa del ingreso medio y le ha resultado difícil recuperar las altas tasas de crecimiento de la década de 1990 y la de principios de los 2000.

La economía chilena, en gran medida desprovista de industria, depende principalmente de la minería, la agricultura y el sector servicios, con un turismo que experimenta un fuerte resurgimiento. La exportación de servicios depende en gran medida de la conectividad digital. Chile está altamente digitalizado, con la mayor penetración digital de Latinoamérica . Se encuentra entre los países Top Ten en gobernanza digital y entre los tres primeros en velocidad promedio de internet a nivel mundial. Con escuelas de ingeniería y universidades de primer nivel, cuenta con la mano de obra y las habilidades técnicas necesarias .

Todo esto hace que Chile sea el país ideal para convertirse en el centro digital de Sudamérica y la puerta de entrada digital de China a la región, con todas las externalidades positivas y efectos multiplicadores que ello implica en la economía.

Así pues, lejos de ser una iniciativa súbita de China Mobile, la idea de un cable de fibra óptica que cruce el Pacífico Sur, desde Asia hasta Sudamérica, es de larga data. Ya en enero de 2016, el gobierno chileno presentó a su homólogo chino un proyecto para instalar un cable de fibra óptica desde Valparaíso hasta Shanghái. Esto dio lugar a la firma de un Memorando de Entendimiento sobre el tema, dos estudios de prefactibilidad y un seguimiento por parte del nuevo gobierno chileno en 2018.

Sin embargo, durante una visita a Chile en abril de 2019, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo le leyó la cartilla al gobierno chileno y el proyecto fue cancelado.

Al trazar una línea roja, y decirle a Chile que no puede tener una conexión digital directa con Asia, al área más dinámica y de más rápido crecimiento del mundo, la administración Trump intenta afirmar abiertamente su dominio no sólo sobre países de la región como Honduras y Panamá, sino que también sobre aquellos países del Cono Sur donde el poder estadounidense tradicionalmente se ha ejercido de manera menos abierta.

Los comentarios gratuitos de Rubio hacia Boric son irónicos y reflejan este trato despectivo de la administración hacia la región. En dos de los temas internacionales más importantes de nuestro tiempo, la guerra en Ucrania y la crisis en Venezuela , Boric se alineo con Washington durante todo su cuatrienio, siendo uno de los pocos líderes de izquierda en América Latina y el mundo en hacerlo.

Sin embargo, en los últimos días del presidente chileno en el cargo, la administración Trump lo ataca sin piedad. Esto nos recuerda la famosa frase de Henry Kissinger: «Puede ser peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero ser amigo de Estados Unidos es fatal».