La fundación Pro Cultura, emblemática del llamado Caso Convenios, creada en el
año 2010 por el médico siquiatra Alberto Larraín, es indagada actualmente por la
justicia para determinar el destino de más de $ 5 mil millones recibidos de diversas
Gobernaciones Regionales. Entre ellas, hay 1.600 millones que recibió de la
Gobernación Metropolitana que dirige Claudio Orrego.

Días atrás, se presentó en tribunales una querella contra Claudio Orrego, actual
candidato a la reelección, que fue admitida a tramitación. La querella es por los
delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación
incompatible y tráfico de influencias.
La querellante señala en su escrito que el contrato entre la Fundación y el
Gobierno metropolitana “es parte del esquema de “caso fundaciones y que carece
totalmente de objeto, por ser una mera duplicación respecto de programas
gubernamentales de prevención del suicidio ya existentes”.