El caso Procultura, la fundación dirigida por Alberto Larraín, a pocas semanas de
las elecciones primarias del oficialismo, amenaza seriamente con comprometer a
altos personeros públicos. El secreto de la investigación se levantó en el mes de
abril y los abogados querellantes ya están recibiendo parcialmente las carpetas
investigativas, realizadas por el fiscal del caso, Patricio Cooper. En ellas se ha
podido establecer que el tribunal de Antofagasta autorizó dos veces la
interceptación del teléfono del ex jefe del segundo piso, Miguel Crispi, militante del
Frente Amplio. Los abogados querellantes esperan que ahora el fiscal Patricio
Cooper formalice cargos en contra de los imputados, esto es Alberto Larraín y
otros funcionarios públicos y ejecutivos de la fundación, por faude al Fisco. Los
pinchazos al teléfono de Miguel Crispi tenían por objeto ver la relación existente
entre este ex funcionario y su madre Verónica Serrano, ex directora del Programa
de Asentamientos Precarios del Minvu, la persona que habría agilizado la
ejecución de los convenios de la Fundación Democracia Viva.
Hay que señalar que en la investigación penal se conoció la escucha de una
conversación entre Crispi y su madre, Claudia Serrano, en que aseguraba que
hubo tráfico de influencias de Isabel Allende.”Llamaba hasta al portero para apurar
la compra”, señaló Crispi a su madre.
Cuando era subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi apoyó a
ProCultura para que se adjudicara un proyecto por $ 629.815.000 para pintar tres
fachadas en el centro histórico de Antofagasta a razón de $262 mil el metro
cuadrado, caso considerado por todos los sectores, como un robo a mano armada
en contra del patrimonio fiscal. Diversos personeros de gobierno, ejercieron días
atrás una presión indebida en contra del fiscal Patricio Cooper por haber solicitado
las escuchas del teléfono de Crispi. Esto a raíz de que diversos trascendidos
revelaron que en el marco de las indagatorias se solicitó autorizar el “pinchazo” al
celular del Presidente Gabriel Boric.
Esta presión fue rechazada por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, pues la fiscalía
es un ente autónomo. Cooper defendió la legalidad de la escucha, pues señaló
que está amparada en la Constitución.
Se estima que pronto será formalizado por fraude al fisco el psiquiatra Alberto
Larraín – ex DC y hoy cercano al FA – que ha recibido aportes por $
3.282.841.556, del actual gobierno. A través de la formalización, se espera que se
pueda aclarar la perdida de cuantiosos recursos fiscales y si hubo o no, colusión
con altos funcionarios públicos.
En el caso Procultura existe como sujeto de interés Claudio Orrego (ex DC),
Gobernador de la Región Metropolitana, por su cercanía con Alberto Larraín. Se
sabe que Claudio Orrego, como Gobernador de la Región Metropolitana aprobó el
financiamiento del programa “Quédate”, destinado a prevenir los suicidios
mediante el fomento de la salud mental”. El valor del contrato, fue de
$1.683.788.000, visado por una Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional, a cargo de Miguel Crispi en el mes de julio de 2022.
En este programa, la fundación sólo rindió $600 millones. El año 2024, el Gobierno
Regional Metropolitano presentó una querella criminal en contra de los ejecutivos
de la fundación, para recuperar más de $1.000 millones del proyecto. Larraín y
Orrego fueron militantes de la Democracia Cristiana. Larraín trabajó en el
consultorio de Salud Mental de Peñalolén en la época en que Claudio Orrego era
alcalde de la comuna y fue dirigente de la campaña de Claudio Orrego en las
elecciones primarias presidenciales del año 2013.
