Se equivoca mi amigo Genaro Arriagada al darle una proyección jurídica al plebiscito de entrada de 2020, en el que cerca del 80% se pronunció por una nueva Constitución y que fue reglamentado por una reforma constitucional que estableció que una convención 100% electa debería elaborar un proyecto de nueva Constitución, que sería aprobado o rechazado por un referéndum. Si se aprobaba, entraba a regir ese nuevo texto y si se rechazaba, seguiría vigente la Constitución firmada por el Presidente Lagos.
Por tanto, el efecto de ese plebiscito se agotó legal y constitucionalmente.
Por otro lado, la mayoría de nuestra población respalda la necesidad de una nueva Constitución, cuyo procedimiento de elaboración está hoy en discusión por los partidos políticos y su acuerdo deberá plasmarse en una nueva reforma constitucional.
Esperemos que el texto constitucional así propuesto deba ser aprobado en un nuevo referéndum.
En consecuencia, el proyecto de los Amarillos es perfectamente legítimo y creo que, además, es compartido por la mayoría de los chilenos.