Por Jorge Varela
La seguridad de cualquier Estado soberano requiere de un manejo transparente
de las relaciones externas con otros Estados, ejercido con conocimiento, buen
criterio y prudencia, entre diversas consideraciones. No basta que un gobernante
se proclame apóstol y adalid de los derechos humanos ante los micrófonos o que
utilice las redes sociales para autocondecorarse como campeón de la democracia
ante la humanidad. No basta.
En los últimos tiempos son numerosos los casos de discordia y controversia en
nuestra América. No es necesario que usted centre toda su atención en las
‘intervenciones mañaneras’ de López Obrador, en Maduro o en Ortega. Respire un
poco, analice, repase y reflexione cómo se está comportando su propia autoridad
máxima en esta área compleja y delicada: se encontrará con noticias espantosas.
América Latina está convertida en una región de conflictos y agravios, injerencias
de Estados extrarregionales (apoyo a determinados gobiernos y células
terroristas), acciones de inteligencia y contrainteligencia, violaciones burdas al
derecho internacional, reclamos territoriales, entreveros y entredichos diplomáticos
entre autoridades de rango superior, asaltos a embajadas, retiros de embajadores
e incluso asesinatos por encargo. De este listado no debiera excluirse actividades
relacionadas con asociaciones criminales: tráfico de armas y drogas, lavado de
dinero, falsificación de pasaportes y documentos, además de otros ilícitos
conexos.
México sepultó la doctrina Estrada
Un caso paradigmático es el de México. Su presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) enterró sin rendirle honores en el panteón del olvido, a la
conocida doctrina de la “no intervención en asuntos internos de otros Estados”,
elaborada por el internacionalista Genaro Estrada Félix. La doctrina Estrada
publicada el 27 de septiembre de 1930, sentó el principio básico de que ningún
Estado o gobierno requiere del reconocimiento de otras naciones para proclamar
su soberanía y estableció los derechos a la no intervención y a la
autodeterminación de los pueblos. Dicho principio fue elevado a rango
constitucional el 11 de mayo de 1988.
Desde que AMLO asumió, ha participado por lo menos en tres situaciones
transgresoras de las buenas relaciones con países del cono sur de América
Latina. Hace cinco años se involucró en la fuga de Evo Morales y otorgó asilo a 9
funcionarios de confianza del exmandatario boliviano. En 2022 se solidarizó con
Pedro Castillo, presidente depuesto por el Congreso de Perú, y concedió asilo a la
familia del líder golpista. En 2023 tensionó la relación con Argentina al atacar a
Javier Milei.
Tiene razón el académico e investigador Iván Witker al escribir que “con lo de
Ecuador, AMLO acumuló el jamás imaginado récord de tener tres embajadores
mexicanos expulsados. Ni en sus peores pesadillas los diplomáticos mexicanos de
antaño pudieron imaginar algo parecido” (artículo “Los elefantes de Ecuador van a
México”. El Líbero.cl, 15 de abril de 2024).
De ahí que la reacción del gobierno de Ecuador que ordenara la captura del ex
vicepresidente Jorge Glas condenado por corrupción, mientras permanecía en la
embajada mexicana en Quito, haya traído a la memoria hechos similares. El citado
académico ha recordado que en 1980 la policía guatemalteca entró a la sede de la
legación de España, asalto en que murieron 38 personas y fue herido el
embajador; en 1981 Fidel Castro ordenó ingresar a la embajada de Ecuador en
Cuba, sacando de forma violenta a 30 asilados.
Influencia funesta del Grupo de Puebla
América Latina padece una notoria debilidad política e institucional que afecta su
estabilidad y es diagnosticada como una región fracturada e insegura, sin signos
vitales de unidad. Varios de sus organismos languidecen a la sombra de
regímenes sobreideologizados que no ocultan sus pretensiones hegemónicas. La
vieja izquierda marxista guerrillera de antaño se trasladó de Sierra Maestra, la
Selva Lacandona, Araguaia, Valle del Cauca y Ayacucho a algunas sedes de
gobierno más acogedoras y placenteras, para desde allí emprender un ciclo en
apariencia diferente, y extender su influencia pseudo-democrática.
La idea radical resiste, resurge y tira. Una muestra de lo anterior es el secuestro y
posterior homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno en Chile, quien
tenía calidad de refugiado por ser un público opositor a Maduro. Este caso ha sido
calificado de “delito transnacional” por el fiscal que lo investiga. Se trata de un
crimen que “se organizó en Venezuela”, según ha declarado (fiscal Héctor Barros.
Chilevisión. La Tercera, 12 de abril de 2024) (ver “Comunismo proveniente del
Caribe”. El Montonero, 12 de marzo de 2024).
Aunque ahora ya no están Cristina, Correa, ni Evo, y la Unasur yace en el suelo, si
están Maduro, Lula, Amlo y Petro para coordinar la ejecución de proyectos en la
línea del grupo de Puebla. Es posible que no tengan la fuerza de ayer para
imponer sus directrices, pero como se ha escrito pueden hacerle la vida imposible
a quienes no quieren bailar joropo, samba, jarabe tapatío o cumbia. A la actual
versión estratégica de izquierda radical le salió competencia: Bukele, Noboa y
Milei están en condición de plantarse ante ella con dignidad, independencia y
voluntad soberana.
Conciencia y dignidad
Hoy los latinoamericanos no podemos seguir jugando a dos bandas en materia de
política exterior, cuando existe una dictadura perversa y desafiante que desde el
Caribe persigue acabar con aquellos gobiernos que defienden la libertad; cuando
hay democracias agonizantes; cuando hay presidentes obsesivos, delirantes o
imprudentes que constituyen un peligro para la seguridad de sus propios países;
cuando hay “demasiados criminales con vínculos políticos” (José Rodríguez
Elizondo. “El mundo encabritado”. El Líbero.cl, 8 de abril de 2024). Habría que
añadir: cuando hay algunos políticos con nexos criminales.
