Por Juan Carlos Aguilera
En Chile, la gratuidad universitaria constituye un ejemplo revelador. Durante el
segundo Gobierno de Michelle Bachelet, la educación superior ocupó un lugar
central en el discurso político sobre la desigualdad. La presidenta sostuvo que las
dificultades económicas no debían impedir el desarrollo de los talentos personales
y que el Estado tenía la responsabilidad de garantizar oportunidades educativas.
En diciembre de 2015 defendió públicamente la gratuidad como un derecho
merecedor de reconocimiento. Al año siguiente, su gobierno presentó el proyecto
destinado a reorganizar el sistema de educación superior.
La iniciativa culminó con la Ley N.º 21.091, publicada el 29 de mayo de 2018, que
consagró permanentemente el financiamiento estatal de los estudios superiores
para quienes cumplieran los requisitos establecidos.
Su propósito era favorecer el acceso de los estudiantes vulnerables, disminuir las
barreras económicas y contribuir a una sociedad más equitativa. Transcurrida casi
una década, corresponde preguntar cuánto de aquella promesa se ha cumplido.
Un estudio de Acción Educar, publicado en octubre de 2026, examina la evolución
de la gratuidad entre 2016 y 2025. Sus resultados permiten reconocer avances
importantes, aunque también revelan dificultades que no pueden ignorarse.
En 2016, la gratuidad beneficiaba a 136.153 estudiantes. En 2025 alcanzaba a
613.227, equivalentes al 46,2 % de la matrícula de pregrado. En 2025 se titularon
238.716 estudiantes, de los cuales 65.864 habían financiado mediante gratuidad la
duración nominal completa de sus carreras. La proporción alcanzó el 28 %.
Pese a ello, el número total de titulados aumentó moderadamente durante el
período examinado. El estudio advierte que sus resultados no permiten concluir
que la gratuidad haya incrementado la titulación general. Una cosa es financiar
estudios; otra, conseguir que culminen satisfactoriamente. El problema se hace
particularmente visible en las cifras de abandono. Entre 2016 y 2023, 272.508
estudiantes que recibieron gratuidad durante al menos un año abandonaron la
educación superior sin titularse. De ellos, 68.637 habían contado con
financiamiento durante toda la duración nominal de sus carreras.
El Estado destinó aproximadamente ,6 billones (US 1,611 millones) a esas
trayectorias inconclusas. Sería injusto atribuir automáticamente estos abandonos a
la gratuidad o responsabilizar indiscriminadamente a los estudiantes. Existen
dificultades familiares, económicas, vocacionales y académicas que pueden
explicar la deserción. Pero tampoco resulta aceptable que semejante volumen de
recursos públicos quede al margen de una evaluación rigurosa. A ello se añade el
coste creciente de la política. El gasto anual prácticamente se cuadruplicó en
términos reales entre 2016 y 2025, hasta alcanzar $2,225 billones (US 2.241
millones). Esta expansión obliga a considerar otra cuestión, acaso más importante.
Mientras el Estado compromete recursos crecientes para financiar la enseñanza
superior, persisten graves deficiencias en la formación escolar. Según el informe
PISA 2022, el 56 % de los estudiantes chilenos de quince años no alcanzaba el
nivel básico de competencia matemática, mientras que el 34 % se encontraba por
debajo de ese umbral en lectura.
La gratuidad del arancel no corrige esas carencias. La igualdad de oportunidades
no comienza cuando un estudiante ingresa en la universidad. Comienza mucho
antes, en la familia, en la educación inicial y en la escuela.
No se trata de desconocer las reformas escolares impulsadas durante el Gobierno
de Bachelet, sino de examinar si las prioridades presupuestarias han respondido
proporcionadamente a las necesidades educativas del país. También las
instituciones han debido afrontar las consecuencias del diseño legal.
La regulación estatal de aranceles y las restricciones de cobro han generado,
según Acción Educar, una brecha acumulada de ingresos estimada en ,855
billones (US 1,869 millones) entre 2016 y 2025. Cerca del 70 % corresponde a
universidades privadas.
Estas estimaciones no equivalen necesariamente a pérdidas contables, pero
muestran las tensiones financieras que puede provocar un sistema en el que el
Estado determina crecientemente los ingresos asociados a la enseñanza. La
autonomía universitaria necesita recursos, libertad y diversidad institucional. Una
universidad económicamente subordinada a decisiones administrativas ve
restringidas sus posibilidades de desarrollar un proyecto educativo propio. La
discusión no consiste, por tanto, en elegir entre gratuidad e injusticia. Consiste en
determinar cómo utilizar responsablemente los recursos comunes para que los
estudiantes más vulnerables puedan acceder, permanecer, aprender y titularse,
sin comprometer la calidad ni la diversidad del sistema.
La educación es una actividad perfectiva de la persona, no una operación de
distribución de subsidios. Su finalidad consiste en formar hombres y mujeres
capaces de ejercer responsablemente su libertad y contribuir al bien común.
La prudencia política exige reconocer los beneficios de la gratuidad, corregir sus
deficiencias y recuperar la centralidad de la enseñanza escolar.
Porque la verdadera justicia educativa no se mide por el número de estudios
financiados, sino por las oportunidades reales de formación que una sociedad
consigue ofrecer a sus ciudadanos.
