Un destacado rector de una importante universidad, escribió poco tiempo
atrás, un libro en el cual analiza la anomia que existe en el país.
Señalamos lo anterior, a raíz del acuerdo de la Cámara de Diputados que
aprobó – sin multa – el voto obligatorio para nacionales y extranjero. Este
acuerdo incumple una ley orgánica constitucional que establece que el
parlamento fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el
incumplimiento del deber de votar. Así lo señala el artículo 15 de la
Constitución Política del Estado.
A pesar de este mandato expreso, el gobierno instruyó a sus parlamentarios
para votar en contra el proyecto de Ley. Lamentablemente la abstención de
diputados de oposición, permitió aprobar sin multa, la obligación
constitucional. El gobierno sabe que el voto de los extranjeros, favorece a la
oposición.
El proyecto de Ley, presentado una diputada de oposición, Joanna Pérez,
del Partido Demócratas, fijaba una sanción, de entre $34 mil y $204 mil, por
no votar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.
Si el Senado, no enmienda el acuerdo de la Cámara, en la práctica el voto
pasaría a ser voluntario. Se estaría vulnerando así, un mandato expreso de
la Constitución.
El proyecto, no alcanzó el quorum de ley orgánica constitucional requerido
para lograr su aprobación: 77 votos. Solo consiguió 75.
