Carlos Peña, Rector de la Universidad diego Portales y columnista del diario El Mercurio, atribuyó a los prejuicios lo ocurrido con la opinión de varios políticos en relación con los casos de Julia Chuñil y del ex oficial C Crespo. Señala Carlos Peña: “A la primera se la consideró una víctima de la voracidad empresarial enemiga del medio ambiente y al segundo un criminal, represor de la protesta legítima. El rostro de Julia Chuñil apareció en poleras, en grafitis, en festivales y en discursos presidenciales como una resistente medioambiental castigada hasta hacerla desaparecer. ¿Dónde está Julia Chuñil? reiteraba la pregunta bíblica que, con razón, resuena todavía a propósito de los desaparecidos. El ex policía Crespo, por su parte, fue considerado un criminal capaz de enceguecer deliberadamente a quien no hacía más que protestar”.
“Todas esas afirmaciones derivaban no de la evidencia o de la prueba o de un discernimiento racional, sino de un prejuicio ideológicamente animado. De alguna forma —inconsciente, desde luego— se deseaba que Chuñil resultara ser una víctima de la voracidad empresarial y que la desgraciada ceguera de G. Gatica fuera el fruto deliberado de un policía cruel y represor. Porque eso es lo que ocurre con el prejuicio: siempre anida el anhelo de que la realidad lo verifique y no lo desmienta”.
Agregó Carlos Peña, en su comentada columna de opinión: “Lo que no es aceptable —todo hay que decirlo— es que los dirigentes políticos, o los ministros, o lo que es peor, el Presidente de la República, como ha ocurrido especialmente con el caso de Julia Chuñil, se dejen llevar por prejuicios y emitan juicios apresurados y contribuyan así a fortalecer la irreflexión, cuando su deber es, en cambio, esforzarse por una cierta sobriedad racional que aconseja, especialmente a quienes ejercen funciones públicas, suspender el juicio y mostrar cierta neutralidad en vez de servirse de lo que ocurre como oportunidades que confirmen lo que de antemano creen.
“Afortunadamente, las sociedades cuentan con mecanismos y con roles que impiden que el prejuicio se enseñoree de las decisiones públicas y la vida colectiva. Se trata de los jueces y de las reglas. Unos y otras tienen la función de promover el discernimiento racional y atender al debate imparcial en vez de dejarse seducir por la opinión pública o por lo que exprese o lo que sienta la mayoría o lo que diga la autoridad. Esa es la verdadera división de poderes —queda mejor, de funciones— a la que acaba de aludir la presidenta de la Corte Suprema. Mientras las fuerzas políticas (como ha quedado de manifiesto esta semana a propósito de los reproches por la promulgación de la Ley Naín-Retamal) se dejan guiar por los intereses y la ideología hasta el extremo de desconocer sus propias decisiones, y mientras las autoridades suelen buscar coincidir con la corriente de la opinión pública (como le ha ocurrido algunas veces al propio Presidente Boric, y le ocurrió en el caso de Chuñil), la mayoría de los jueces actúan exactamente al revés: alertas frente al prejuicio, se esmeran por favorecer un debate igualitario y por discernir el problema que ante ellos comparece en base a reglas, es decir, en base a razones y criterios que interpretan imparcialmente. Sine ira et studio, con reflexión y sin ira, sin prestar oídos a todo lo ajeno a las reglas”.
