No han sido fáciles los últimos meses para el Partido Comunista. Al “Caso Jadue”,
que tiene como imputado al ex alcalde de la comuna de Recoleta se han
agregado el “Caso Sierra Bella”, en la cual se analiza por los tribunales el
sobreprecio que la exalcaldesa comunista de Santiago Iraci Hassler pretendía
pagar por la compra de un inmueble; el aumento de las críticas de distintos
sectores por la negativa del PC para condenar a la dictadura comunista de
Nicolás Maduro, se ha sumado ahora el llamado “Caso Cariola”, donde aparece
complicada Karol Cariola, diputada comunista y actual presidenta de la Cámara
de Diputados.
La diputada y presidenta de la Cámara, sufrió el allanamiento e incautación de su
celular y su computador en una gestión iniciada por el fiscal de Coquimbo
destinada a averiguar si hubo o no, tráfico de influencias en la gestión realizada
por Cariola ante su camarada Iricí Hassler, en ese entonces alcaldesa de
Santiago.
La medida judicial fue resistida por la diputada y su abogado Juan Carlos
Manríquez. Ambos criticaron el allanamiento que realizó la Policía de
Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación que dirige el Ministerio
Público, pues la diligencia se materializó el mismo día en que nacía un hijo de la
diputada.
En la audiencia ante el 7° Juzgado de Garantía, en que se discutiría la nulidad
de la incautación del teléfono celular y notebook de la legisladora, el
abogado de la legisladora se desistió de esa petición y solo pidió seguir
adelante con el requerimiento para resguardar la vida privada de la
congresista. El juez de la causa, concedió la petición, fijando un protocolo para la
utilización de las comunicaciones. Ahora, el fiscal podrá utilizar las
conversaciones y W.A. que tengan interés “criminalístico”.
