El Presidente Kast ganó la presidencia de la república pues su programa
consultaba el combate frontal a la delincuencia y la búsqueda de la seguridad para
todos los ciudadanos. Ello, por cuanto durante el gobierno anterior, la delincuencia
llegó a niveles insoportables. Y el pueblo, que deseaba volver a vivir en calma y
tranquilidad le dio su respaldo a Kast y su programa anti delincuencia.
El ministro Rabat, de Justicia, al dictar las rebajas en las penas de quienes habían
sido condenados por la Justicia por delitos sexuales a menores, generó una ola
creciente de malestar ciudadano en contra de esta medida. Ola que ha ido
creciendo hasta llegar a nivel de rechazo que nunca había tenido una medida de
gobierno. Lo anterior se produjo a pesar de que el ministro Rabat no ha violado ni
la ley ni la Constitución. El nivel de desaprobación es tan alto, que según las
encuestas, llega a casi el 80% de la ciudadanía.
El problema pues es político. No es legal ni constitucional. Y también es moral,
pues la rebaja de las penas a quienes han cometido crímenes horrendos en contra
de los niños y niñas, es un hecho difícil de soportar.
En este escenario, el Presidente Kast ha defendido a capa y espada al
cuestionado ministro. Lo hace para – esa sería la explicación – para afirmar su
autoridad presidencial y no dejarse pautear por la oposición y los críticos
partidarios de su propia alianza de gobierno.
Esta decisión presidencial, sin embargo ha debilitado al gobierno más allá de todo
lo imaginable. ¿Qué sentido tiene entonces seguir sosteniendo a un ministro que
carece ya de credibilidad pública y que solo debilita día a día al gobierno?.
El altísimo costo político de mantener en el gobierno a un ministro que ha
generado esta crisis profunda, debe terminar. Kast debe tomar la dolorosa medida
de pedir la renuncia al ministro Rabat, para no seguir dañando a su gobierno y
tratar con ello de recuperar – en algo siquiera – el apoyo ciudadano.
