Según cinco informes de auditoría de la Contraloría Regional de Valparaíso existen graves deficiencias en la gestión de los recursos destinados a enfrentar el mega incendio de registrado en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana,. Los informes involucran a varias municipalidades, a la Delegación Presidencial Regional y a la Dirección Regional de Arquitectura.
Uno de los informes, signados con el número 528/25, detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $ 586 millones en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso durante la emergencia. El organismo señaló la posibilidad de que hubiese además posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo. Se instruyó un sumario administrativo. El organismo contralor remitió los antecedentes al Ministerio Público.
En otro informe, signado con el número 535/25 la Contraloría señala que la Municipalidad de Quilpué presentó gastos improcedentes, tales como la compra de cocinillas sin certificación SEC y el extravío de bienes donados, El organismo ordenó iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.
En el Informe numerado 503/25, estableció irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a los damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar. El organismo contralor detectó problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas. El organismo contralor iniciará un sumario administrativo.
Otros alcances: Hubo pagos indebidos en demoliciones de viviendas siniestradas por parte de la Dirección Regional de Arquitectura y diversas irregularidades. El Informe número 805/25, detectó un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con graves deficiencias en la contratación.
Finalmente el órgano contralor detectó pagos no acreditados por más de $ 782 millones en demoliciones del sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos. La Contraloría ordenó un sumario administrativo y solicitó el expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía del MOP, para que sea la propia contraloría la que continúe con su tramitación.
