La Contraloría General de la República dio solamente el plazo brevísimo de
cinco días hábiles para que La Moneda explique por qué el jefe de asesores de
Presidencia, Miguel Crispi, se excusó de concurrir a la citación que le hizo la
comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

El organismo contralor envió un oficio a la Dirección Administrativa de la
Presidencia de la República, con la petición administrativa. Ello para que La
Moneda entregue los argumentos jurídicos en que funda la decisión de Miguel
Crispi, ex subsecretario de Desarrollo Regional y actual asesor del Presidente Boric
de no asistir a la comisión especial investigadora del Caso Convenios.
Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, señaló que Miguel Crispi
tiene la obligación de rendir cuentas por sus actos, más allá de si es o no
funcionario público. El Gobierno, a través de la Vice Presidenta Carolina Toha,
argumenta que Crispi, no es funcionario público, pues está contratado a
honorarios.