La Contraloría General de la República publicó las auditorías efectuadas a la Subsecretaría, los Serviu y 15 Secretarías Regionales Ministeriales (seremi) de Vivienda del país, determinando graves irregularidades en la asignación directa de recursos por parte de esos organismos. En la auditoría se incluyeron a los Gobiernos Regionales, que han sido objeto de cuestionamientos en el marco del Caso Convenios.
Los informes fueron expuestos por el contralor Jorge Bermúdez ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados señalando que “las grietas de la regulación financiera del Estado permiten que no se siga la ruta del dinero público”.
Se detectó una alta discrecionalidad y graves irregularidades en la asignación de recursos, un descontrol absoluto de la información interna y presiones de las Gobernaciones Regionales a las fundaciones para contratar a parientes y militantes de los partidos de gobierno.
Por su gravedad estos antecedentes serán enviados por la Contraloría al Consejo de Defensa del Estado y las Fiscalías correspondientes, para que se persiga judicialmente la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
El informe cayó como una bomba en el gobierno, que según la Encuesta Cadem, había logrado – por fin – subir algunos puntos en la encuesta a raíz de los Juegos Panamericanos. Y golpeó nuevamente al ministro Carlos Montes de Vivienda quien quedo muy mal parado con los resultados de la auditoría.
Finalmente, el resultado de las auditorias complicó al Jefe de Asesores de Boric, Miguel Crispi y al Partido Revolución Democrática. Crispi avaló a la Fundación Procultura, mediante el oficio 2377/2022 enviado al Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, señalando textualmente que: “la fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada, al contar con experiencia similar en varias regiones”. A esto se sumó, según el oficio “su capacidad para administrar los recursos”.
El proyecto de la citada Fundación Pro Cultura, implicaba la limpieza y pintura de 3 fachadas, con un costo de $262 mil por metro cuadrado, escandalosamente superior al precio de mercado.
Se espera que el Presidente Boric pida la renuncia de Miguel Crispi a su cargo.
