El borrador de la carta final de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP30) reúne una serie de recomendaciones para acelerar
la acción climática global e intentar limitar el calentamiento del planeta a 1,5°C. El
texto refuerza que la meta establecida en el Acuerdo de París, en 2015,
permanece «viva», pero exige esfuerzos definidos por calendarios y mecanismos
de implementación, sobre todo respecto al fin de los combustibles fósiles.
Gobiernos, sociedad civil, pueblos originarios y expertos señalan que, para romper
ciclos de desigualdad y destrucción ambiental, es necesario combinar ciencia,
justicia climática, financiamiento adecuado y participación efectiva de quienes
viven en los territorios más afectados.
El documento destaca que la COP30 debe entregar un acuerdo que ponga al
mundo «en el rumbo de emisiones netas cero» para mediados de siglo,
alineado al horizonte científico del Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Para ello, defiende que los países
avancen con trayectorias claras de reducción en la producción y uso de
combustibles fósiles, incluyendo metas para la eliminación progresiva del carbón y
la disminución sustancial del petróleo y gas. La propuesta incluye mecanismos de
cooperación internacional para garantizar una transición justa en regiones
dependientes de estos sectores.
El texto refuerza que limitar el calentamiento a 1,5°C depende de un nuevo pacto
global basado en la equidad. En especial, destaca que los países históricamente
responsables de las emisiones necesitan aumentar sus metas y proveer recursos
financieros accesibles y adecuados.
Se trata como prioridad la ampliación del financiamiento climático, incluyendo
mecanismos para adaptación, mitigación, pérdidas y daños, y apoyo a iniciativas
locales lideradas por pueblos indígenas y comunidades tradicionales. El borrador
indica que «sin financiamiento previsible y suficiente, no hay cómo hacer
viable la transición que el planeta exige».
El documento también señala que la COP30 debe fortalecer el recién creado
Fondo de Pérdidas y Daños. El objetivo es garantizar que las comunidades
afectadas por eventos extremos — como sequías, inundaciones y desastres
inducidos por el clima — tengan acceso simplificado y directo a los recursos.
El texto observa que los regímenes de financiamiento actuales son lentos,
burocráticos e incompatibles con la magnitud de los impactos que ya ocurren en el
mundo. La COP30, según el borrador, debe avanzar hacia «un sistema de
protección global que reconozca que las pérdidas y daños ya son parte de la
realidad climática».
La adaptación climática, según el documento, necesita ocupar el mismo espacio
político que la mitigación (término para la reducción de emisión de gases de efecto
invernadero). La propuesta de Belém sugiere la construcción de un marco global
más robusto, con métricas claras para medir el progreso e instrumentos que
orienten inversiones estratégicas en infraestructura resiliente, seguridad hídrica,
salud, sistemas alimentarios, protección costera y reducción de riesgos de
desastres. El texto indica que las políticas de adaptación deben priorizar regiones
vulnerables e incorporar conocimientos tradicionales.
El borrador dedica atención especial a los pueblos indígenas, quilombolas y
comunidades tradicionales, destacando que sus contribuciones son esenciales
para mantener los bosques en pie, proteger la biodiversidad y fortalecer la
resiliencia climática. El documento propone ampliar la participación de estos
grupos en los espacios formales de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y refuerza que las decisiones climáticas no pueden ignorar sus derechos
territoriales. Entre las directrices, afirma que «la consulta libre, previa e
informada debe ser respetada como principio innegociable y como pilar de la
justicia climática».
Otro punto enfatizado es el papel estratégico de las transiciones energéticas
justas. El documento propone expandir las inversiones en energías renovables,
redes de transmisión y sistemas descentralizados de acceso a la energía,
especialmente en regiones como la Amazonia. El texto también destaca la
necesidad de apoyo a los trabajadores y a las regiones cuyo sustento depende de
la cadena fósil, para garantizar que la transición reduzca las desigualdades.
La agenda de comercio internacional también surge como elemento clave de la
transición. El texto recomienda mayor coherencia entre comercio, clima y
biodiversidad, para asegurar que los flujos comerciales no incentiven la
deforestación, la explotación depredadora de recursos naturales o violaciones
socioambientales. Asimismo, señala que las políticas comerciales deben apoyar a
los países en desarrollo para acceder a mercados sostenibles, tecnologías limpias
y oportunidades de valor agregado.
El documento incluye orientaciones sobre sistemas alimentarios, agricultura
sostenible, restauración ecológica, soluciones basadas en la naturaleza y
financiamiento verde. Para los redactores del borrador, la COP30 necesita
demostrar que el multilateralismo aún es capaz de responder a la emergencia
climática, especialmente en un contexto de fuerte presión por resultados
concretos. Afirma que «ya no es posible posponer acciones
estructurales», llamando a los países a asumir compromisos que puedan
traducirse en políticas públicas reales.
Según el informe, Belém debe marcar un cambio de página para el régimen
climático global. La ciudad que simboliza la selva amazónica y alberga pueblos
guardianes de la biodiversidad es vista como el escenario ideal para reafirmar que
la crisis climática solo puede ser enfrentada con justicia, equidad y participación
popular. La COP30 es presentada como una oportunidad histórica para
«reconstruir la relación del mundo con la naturaleza» y garantizar un futuro seguro
y digno para todas las generaciones.
