Por Gislayne Gárate
Periodista Alcaldía
Carolina Corti denuncia que el Ministerio de Vivienda y el SERVIU están eludiendo sus responsabilidades en el caso Correa y exige al Estado asumir sus obligaciones para garantizar soluciones reales a las familias involucradas.
En el marco del caso Correa, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, emplazó
duramente al MINVU y al SERVIU por intentar trasladar al municipio una
responsabilidad que no le corresponde: el levantamiento del catastro actualizado
de personas que actualmente habitan la toma. “Esa es una tarea que debe asumir
el Ministerio de Vivienda, no la Municipalidad”, enfatizó. Además, agregó que
mientras el Estado elude su rol legal, el municipio debe responder socialmente por
las familias que allí residen, sin contar con las herramientas básicas para avanzar en
soluciones concretas. “Necesitamos la información oficial para poder hacernos
cargo de las personas, pero eso no puede ocurrir si el propio Gobierno no entrega
los antecedentes”, señaló.
En este contexto, Corti explicó que el municipio ha debido recurrir nuevamente a la
Contraloría Regional, debido a que tanto la Seremi de Vivienda como el SERVIU son
los responsables de contar con el catastro actualizado. “Resulta inaceptable que
pretendan que la Municipalidad asuma una tarea que corresponde al Ministerio de
Vivienda. Es inadmisible que, a más de un año de una sentencia firme de la Corte de
Apelaciones, el Estado persista en eludir su obligación de ejecutar una demolición
ordenada legalmente”, indicó.
Finalmente, la jefa comunal fue enfática en denunciar que el Gobierno está
debilitando las instituciones al desentenderse de sus funciones legales. “Un Estado
que, en año electoral, se rehúsa a acatar fallos judiciales y a desalojar ocupaciones
ilegales transmite la peligrosa señal de que la ley es optativa. Como alcaldesa de
Quilpué, exijo al Gobierno que cumpla con su deber: aquí está en juego la seguridad
de las familias y la vigencia del Estado de Derecho”, sentenció.
