En el contexto de una agenda país tomada por la inseguridad ciudadana debido,
entre otras razones, al evidente aumento de la capacidad de fuego en las
organizaciones criminales, que explica el 32 por ciento de alza de homicidios en el
último año y los lamentables asesinatos -cada vez más frecuentes- de funcionarios
de Carabineros, urge impulsar iniciativas que permitan cambiar los criterios y
estrategias frente a la delincuencia, como la expuesta por el fiscal nacional, Ángel
Valencia, que apunta a dejar en prisión preventiva a los extranjeros
indocumentados sorprendidos en flagrancia en actividades delictivas.
Al respecto, existen bastantes interpretaciones voluntaristas e ideológicas
respecto de los alcances de los acuerdos internacionales en la regulación y
protección de las personas migrantes. El régimen internacional establece una
protección amplia en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, e instrumentos específicos como la Declaración de Nueva York para los
Refugiados y los Migrantes, pero este entramado de normas está quedando vacío,
o bien, sin una utilidad efectiva, no solo porque algunos estados los incumplen,
sino también por la interpretación y utilización ideológica de los mismos.
En efecto, durante los últimos días hemos escuchado argumentos que van desde
la violación de un supuesto derecho a inmigrar, hasta la existencia de una
prohibición legal internacional para abordar la situación de los inmigrantes
indocumentados sorprendidos cometiendo un delito flagrante desde lo penal. No
obstante, el criterio Valencia no transgrede norma alguna del régimen
internacional vigente. Cabe añadir que el instructivo no es discriminatorio, puesto
que no diferencia entre inmigrantes y nacionales, ya que la medida precautoria se
adoptaría en caso de toda persona indocumentada que sea detenida en
flagrancia.El impacto de esta medida, que es un lineamiento del fiscal nacional y no una ley,
dependerá del criterio de los jueces, sin embargo, este juicio apoyaría el trabajo de
regularización de las personas indocumentadas, ya que una de las características
más evidentes del Chile actual es su inmigración desregulada y desordenada,
situación que favorece a quienes cometen crímenes o delitos y resulta adversa
para los verdaderos migrantes que buscan una mejor calidad de vida en nuestro
país.
Desde otra perspectiva, para la efectividad de esta medida es necesario que el
Estado entregue alternativas para enfrentar la actual precariedad para albergar a
las personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios, situación que se
verá agravada con las medidas cautelares promovidas por el fiscal Valencia.
En consecuencia, resultaría razonable impulsar un acuerdo político amplio que
permita responder a la falta de infraestructura carcelaria, también para abordar
mejoras al modelo de intervención y rehabilitación en las cárceles, o a reducir el
alto porcentaje de incumplimiento de medidas cautelares entre personas que han
sido condenadas por delitos, como también, para crear una necesaria disposición
legal que evite la disparidad de criterios entre lo que dicen los fiscales y lo que
pueda decir el Poder Judicial.
