Durante las últimas semanas hemos observado como algunos
auto proclamados “abogados litigantes”, tanto desde el sector público como
privado, han instado enérgicamente “por la vuelta a la presencialidad de los
tribunales de justicia”, en base a seudo argumentos de una necesaria
presencialidad de los intervinientes para una correcta administración de justicia,
pero lo cierto es que después de prácticamente tres años de
administración de justicia por vía telemática, la pregunta que uno debe
hacerse es ¿era tan buena la justicia presencial?
En mi opinión, la puesta en funcionamiento de un sistema de administración de
justicia telemático, en virtud de la pandemia del COVID-19, ha permitido,
entre otras cosas, una verdadera publicidad de la audiencias, un incremento en la
seguridad de los intervinientes, una mejor distribución de funciones
y recursos públicos, una mayor tasa de comparecencia de los intervinientes
a las audiencias, un ahorro considerable de recursos públicos en gastos de
mantenimiento de las instalaciones de los tribunales y un ahorro significativo
en el costo del acceso de la justicia para los ciudadanos.
En tal sentido, si ocurrentemente se habla que el Estado debe brindarles
a sus ciudadanos un mayor acceso a la justicia, dicha premisa debe partir
desde una base ineludible y que muchas veces se pasa por alto, cual es,
el costo monetario que implica dicho acceso, el cual se ha visto disminuido
considerablemente por medio de la implementación de medios tecnológicos que
permiten la realización de una audiencia por vía telemática y en consecuencia
la administración de justicia por esta vía.
Inevitablemente resulta señalar que existen diversas cuestiones que deben ser
mejoradas para que se pueda alcanzar un estándar óptimo de funcionamiento,
como lo es por ejemplo un procedimiento de autentificación del usuario conectado
y la habilitación de puntos de conexión en diversas instituciones gubernamentales
para las personas que no tienen los medios tecnológicos para comparecer
virtualmente a una audiencia, pero más allá de los desafíos que quedan
pendientes, lo realmente importante en todo esto es que el Estado debe avanzar
en tecnologizar la administración de justicia, avanzar en invertir en tecnología y
conectividad e incorporar, de forma definitiva, las audiencias
telemáticas y el teletrabajo como una forma moderna y eficiente
de administración de justicia, para que una vez por
todas -y sin slogans rimbombantes de por medio-
el acceso efectiva de los ciudadanos a la justicia sea cada vez más democrático y
sin discriminaciones monetarias asociadas a su ejercicio.
Democratización de nuestra justicia
