Por Sylvia Eyzaguirre, Sebastián Izquierdo, Aldo Mascareño,
Sebastián Soto y Rodrigo Vergara.
Investigadores Centro de Estudios Públicos CEP
Ante las próximas elecciones presidenciales hemos decidido dedicar esta edición
de nuestro boletín Voces a abordar las propuestas que consideramos prioritarias
para el próximo período 2026 – 2030. Como investigadores del Centro de Estudios
Públicos proponemos cinco áreas claves – orden público, crecimiento económico,
salud y educación – elegidas en función de las principales preocupaciones de la
ciudadanía (Encuesta CEP N° 94).
En cada una de las cinco áreas mencionadas, hemos delineado tres ejes de
acción fundamentales, diseñados para ofrecer un marco de análisis robusto que
nutra el debate público y oriente las políticas que deberá impulsar el próximo
gobierno.
La preocupación por el orden público ha sido una constante en Chile desde el
tránsito al siglo XXI. Comenzó experimentándose como delincuencia común a
fines de la década de 1990, pero también como violencia de grupos
etnonacionales en 1997 con el atentado de Lumaco, movimientos que hasta hoy
emplean al pueblo mapuche como escudo de legitimación. En los 2000, los
problemas de orden público se fueron haciendo regulares en los estadios con el
crecimiento de las barras bravas sobre un trasfondo territorial que comenzaba a
transitar desde ‘el hampa’ hacia el crimen organizado actual. Tiempos más
democráticos sacaron a la luz la violencia sexual al interior de la Iglesia, así como
la violencia en la pareja, la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar.
Incluso apareció el ‘femicidio’ como un nuevo tipo penal. En la segunda década
del siglo, todo ello se mezcló con una situación social crecientemente explosiva
que se expresaba en protestas, en bullying escolar, en nuevos delitos en las calles
(portonazos) y en el ámbito privado (robo violento en el hogar). Más allá de sus
causas, el estallido social de 2019 fue empleado por algunos agentes políticos
para justificar la violencia y desacreditar el uso de la fuerza legítima de Estado
para contenerla. Todas las dimensiones del orden público mostraron entonces su
fragilidad.
Este escenario histórico nunca fue dejando cosas atrás. Las acumuló e
interrelacionó (Mascareño, Vergara y Gardella 2025). El confinamiento de la
pandemia redujo momentáneamente los índices de inseguridad, pero su fin
incrementó las cifras y la complejidad del problema. En los recientes cinco años se
consolidó el crimen organizado en torno al narco, ahora con perfil transnacional.
La inmigración, descontrolada desde 2018, contribuyó a este escenario. La
escuela mostró que la agresión en la interacción se extendía al clima escolar y a la
situación de los estudiantes en barrios y comunas asediados por organizaciones
criminales; lo mismo que la violencia en los estadios.
La violencia intrafamiliar reveló que el problema se reproduce
intergeneracionalmente; y distintos robos y asaltos ahora se ven relacionados a
redes de crimen organizado. Instituciones como Carabineros, la PDI y las Fuerzas
Armadas alcanzaron altos niveles de confianza, pero lo logran menos por su
capacidad de control de la delincuencia que por la expectativa de que lo hagan de
modo eficaz. Varios casos recientes revelan el involucramiento de sus miembros
en redes de narcotráfico y muestran la penetración institucional del crimen
organizado, algo que ya se apreciaba a nivel de política local en distintas comunas
del país. Todo ello deriva en la percepción de ineficacia de las policías,
simbolizada en las altas cifras de delitos no reportados, incluso para crímenes
violentos.
La complejidad de este problema demanda estrategias interinstitucionales. Tres
medidas parecen ser las más urgentes para un próximo gobierno.
Recursos para policías y gendarmería. El control de la delincuencia y del crimen
organizado requiere una inversión fuerte de recursos. Estos no son solo
económicos o de incremento de dotaciones, sino también de conocimiento,
inteligencia y de coordinación nacional e internacional en información y
procedimientos. Se requiere de más efectivos mejor entrenados y de una
inteligencia distribuida e institucionalizada que permita una visión general de los
problemas y también la intervención territorial granular de los mismos. Las
cárceles deben dejar de ser el ‘gobierno corporativo’ del crimen organizado. Esto
pasa por nueva infraestructura, pero también por un conocimiento más preciso y
un control más efectivo de las conductas y la comunicación en su interior, así
como también por una fuerza profesional ajustada a las nuevas formas de crimen.
El conocimiento territorial y práctico de las policías y gendarmería, así como los
datos de que disponen, deben integrarse con actuales métodos de vigilancia
digital, los que, bajo consideración de los derechos fundamentales, pueden
permitir anticipar la comisión de delitos.
Reducción del subreporte de delitos. Más de la mitad de las personas que sufre
delitos, incluso violentos, no los denuncia. La decisión de no reportar debiera
motivar una política pública específica que muestre la importancia de la denuncia
de manera independiente del caso. Esto refuerza el Estado de Derecho e
incrementa la percepción de seguridad, pues la denuncia activa persecución,
eventualmente castigo, promueve reparaciones y genera información para la
prevención de futuras acciones o planes de vigilancia.
Control fronterizo. No es un misterio que el crimen organizado trasciende las
fronteras. La masividad e irregularidad de la inmigración ha venido también
asociada a un incremento de delitos, incluso contra los propios migrantes. Es
preciso un mayor control de fronteras, desde policías especializadas hasta la
tecnificación de aduanas. La geografía chilena ofrece muchos flancos para el
ingreso por lugares no autorizados y para el despliegue del crimen organizado.
Controles marítimos, aéreos, satelitales, terrestres son fundamentales para frenar
la irregularidad y disolver las redes criminales, tanto las que se establecen con el
exterior, como las que se han formado en distintas partes del país con grupos
internos.
A mediados de la década de 1980, Chile empieza un proceso virtuoso de
crecimiento, que se traduce en un aumento promedio anual del PIB de sobre 5%
durante 30 años. Sin embargo, a partir de 2014, ese proceso se interrumpe
abruptamente y el crecimiento promedio de estos últimos 11 años ha alcanzado
apenas un 2%. El PIB tendencial, según fuentes oficiales, crece en un rango
similar, lo que plantea un enorme desafío futuro. En efecto, con dicha cifra se hace
muy difícil lograr la meta de ser un país desarrollado en un plazo razonable, el
mercado laboral se resiente y las oportunidades y bienestar de los chilenos se
acotan.
A pesar de que muchos en la actual administración no consideraban relevante
este tema, o directamente lo despreciaban, se ha ido formando un consenso que
sin crecimiento es imposible satisfacer las crecientes necesidades de la
ciudadanía. Este consenso es una buena noticia. En efecto, es notable que hoy
las principales candidaturas para las elecciones presidenciales de fin de año
mencionan al crecimiento económico como una de sus más altas prioridades.
Crecer implica mayor empleo, mejores salarios y mayor capacidad de “llegar a fin
de mes” sin sobresaltos.
La pregunta que naturalmente surge es qué medidas podrían tomarse para
lograrlo. En los últimos años ha habido importantes aportes y análisis en este
campo y, por lo tanto, podrían mencionarse muchas de las medidas propuestas,
sin embargo, ahora recomendamos enfocarse en estas tres:
Reducción del impuesto corporativo. Durante las últimas dos décadas, mientras
el resto del mundo bajaba su tasa de impuesto corporativo, Chile la subía. Tal fue
la divergencia que hoy es superior a la de los países OCDE. En un mundo donde
las inversiones compiten por mejores retornos, esto ha debilitado la inversión y el
crecimiento. Según la Comisión Marfán (2023), dicho aumento ha restado más de
8 puntos porcentuales al PIB. La propuesta es, entonces, bajar la tasa de
impuesto a las empresas a 23% y luego seguir en una senda hasta llegar al 20%.
Para compensar el efecto en la recaudación será necesario ajustar el gasto, lo
cual es factible tal como lo propone el documento “En busca de espacio fiscal:
líneas de acción para contener y priorizar el gasto público”, publicado
recientemente por el equipo económico del CEP.
Reducir y modernizar significativamente los permisos para realizar
inversiones. Esto, que ha sido llamado la “permisología”, tiene un efecto
importante en la inversión y el crecimiento. El esfuerzo que se ha hecho con los
permisos sectoriales es destacable, pero no es suficiente. Se debe avanzar en
modernizar y dotar de mayor eficiencia a diversas instituciones -quizás la más
emblemática, pero no la única, es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)-
sin olvidar simplificar y dotar de certezas a la tramitación de los permisos
ambientales. El informe de la Comisión Marfán y el estudio de Ugarte y Sawan
(2025) muestran que recortar el tiempo de los permisos tiene un efecto importante
en la actividad económica.
Según un informe de 2023 de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad,
el CMN recibe el tercer mayor volumen de permisos prioritarios para la inversión.
Sin embargo, su funcionamiento no ha estado a la altura de lo que se requiere,
paralizando injustificadamente un sinnúmero de proyectos. La Contraloría General
de la República ya emitió un duro informe en 2024 sobre la materia. En este
contexto, el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto de ley de patrimonio
cultural. Sin embargo, dichas indicaciones no parecen claramente orientadas a
una mayor eficiencia en la tramitación de las autorizaciones. Así, por ejemplo,
entre ellas se modifica el CMN y se reemplaza por el Consejo de los Patrimonios
Culturales, pasando de 23 a 30 representantes de distintos intereses culturales y
políticos, lo que en principio aumentaría la presión por intereses sectoriales y haría
menos eficiente y más pesado el proceso de toma de decisiones. Si se quiere
acelerar las autorizaciones, la reforma debiera apuntar a un órgano más ejecutivo
y ágil.
Impulsar un masivo programa de concesiones. Este debe incluir distintas áreas
de infraestructura como puertos, aeropuertos y autopistas. En el pasado las
concesiones demostraron su eficiencia y ello sigue siendo así, pero, precisamente
por burocracia y falta de decisión, hoy tienen un ritmo insuficiente para cubrir los
requerimientos del país. Esto no sólo tiene efectos en el crecimiento tendencial a
través de la inversión, sino además por el aumento de productividad que ello
conlleva. Adicionalmente, tiene un efecto cíclico, que permite reactivar la
economía en el corto plazo.
En un reciente artículo, Fukuyama et al. (2025) muestran el fuerte lazo que ha ido
uniendo en todo el mundo el desempeño de los gobiernos y la confianza en la
democracia. Con diversos datos, revelan que los ciudadanos están dudando de la
habilidad de esta última para mostrar resultados. Esto no solo en función del
crecimiento económico o de la generación de empleos; también considerando la
capacidad de levantar obras de infraestructura importantes, programas sociales
con impacto y otros proyectos ambiciosos.
No podemos mirar con distancia esta tendencia. También en Chile debemos
preguntarnos por la capacidad que tiene el Estado, y la que tendrá el gobierno que
lo lidere en los próximos cuatro años, de hacer realidad una agenda política que
muestre resultados. Se trata de una pregunta que nos vincula con la
modernización del aparato público, la gobernabilidad y, en última instancia, con la
salud de nuestra democracia.
El escenario no es auspicioso. Los ciudadanos confían poco en el Estado y, desde
hace una década, se ha expandido la percepción de corrupción (Salgado 2025).
La capacidad de reaccionar ante desafíos contemporáneos se aprecia
severamente dañada. Y la posibilidad de liderar proyectos ambiciosos está
ahogada en un mar de permisos sectoriales que impiden el crecimiento y la
generación de empleos (Ugarte y Sawan 2025). La gobernabilidad no está mejor:
la fragmentación, la explosión de independientes al interior del Congreso y la
retórica de la polarización auguran un escenario tormentoso para las autoridades
políticas del futuro gobierno (García-Huidobro et al. 2024 y Mascareño et al. 2025).
En este contexto, tres debieran ser las preocupaciones principales del futuro
gobierno para empezar a modernizar el Estado y fortalecer la gobernabilidad.
Empleo Público. La gestión de personas al interior del Estado es una tarea tan
relevante como difícil. Es relevante, porque el delivery estatal depende de
personas que hagan bien su trabajo; pero es también difícil porque la
reglamentación del empleo público es un laberinto de leyes, sentencias judiciales y
dictámenes de la Contraloría que han reducido al máximo los incentivos al trabajo
bien hecho (De la Maza 2025). Una reforma integral al empleo público requiere
propuestas, pero sobre todo, musculatura política.
Para partir, se debiera i) prohibir, al menos por algunos años, el aumento en el
número de funcionarios públicos en ejercicio, tanto en el sector municipal, regional
y central, exigiendo que toda nueva contratación sea un reemplazo. Ii) establecer
que las licencias médicas en el sector público se paguen solo hasta el tope
imponible y se apliquen los días de carencia, como en el resto del sistema. Esto
combate el ausentismo e implica una reducción del gasto público (Bastidas et al.
2025). Por último, iii) aunque es necesario una reforma integral al empleo público,
lo más urgente es partir por modificar el sistema de calificación y los mecanismos
de salida para funcionarios mal evaluados, en línea con la propuesta de cuatro
centros de estudios (CEP et al. 2019).
Gobernabilidad. La relación Ejecutivo – Legislativo atraviesa momentos duros.
Algunas iniciativas intentan pacificar el Congreso generando bancadas más
estables y cohesionadas. Otras buscan corregir incentivos modificando las reglas
actuales de financiamiento de la política. Una agenda para la gobernabilidad
requiere seguir avanzando con esos proyectos y sumar otras reformas legales y
constitucionales que corrijan malas prácticas. Para eso, se debe i) continuar con la
tramitación de los proyectos que fijan umbrales electorales a los partidos para
poder elegir parlamentarios, limitan el transfuguismo y modifican la ley de gasto
electoral. Ii) frenar el abuso de las acusaciones constitucionales que entorpecen el
trabajo del Gobierno y el Congreso, elevando los requisitos de presentación y los
quórums de aprobación. Iii) impedir que, por la vía de reformas constitucionales,
se vulnere la iniciativa exclusiva del Presidente como ocurrió en el caso de los
retiros. Iv) volver a examinar el financiamiento de partidos políticos y de campañas
electorales para contener el incentivo a la fragmentación.
Puesta en marcha de la Ley de Permisología. El gobierno actual -incluso en
contra de su propia coalición- logró aprobar la ley marco de autorizaciones
sectoriales. Esta ley aún no ha sido publicada en su versión definitiva porque el
Tribunal Constitucional está revisando algunos de sus artículos que abordan
materias orgánicas constitucionales. El próximo gobierno deberá ponerla en
marcha. En especial, es crucial i) dictar los múltiples reglamentos que permitirán la
ejecución expedita de la ley y, en especial, el decreto supremo que clasifica las
autorizaciones sectoriales; ii) dictar los decretos con fuerza de ley que permiten
modificar leyes sectoriales específicas para adecuarlas a la nueva ley; y iii) poner
en marcha la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión para generar,
desde el interior del Estado, una instancia con poder político para movilizar los
proyectos de inversión.
Chile cuenta con un sistema de salud que, pese a sus tensiones, muestra
indicadores favorables en la comparación internacional. La esperanza de vida es
de 81 años, similar al promedio de los países que integran la OCDE (80,3), y la
mortalidad por enfermedades evitables es menor que en países de ingresos
similares. Chile destina 9,1% del PIB a salud, en línea con la OCDE (9,2%),
aunque el gasto por habitante es casi la mitad (OCDE 2023). Pese a los avances,
persisten factores que comprometen la sostenibilidad del sistema y reproducen
desigualdades en el acceso, especialmente en la calidad y oportunidad de la
atención.
Uno de los principales problemas es la baja productividad en el uso de los
recursos. Aunque en la última década el gasto real en salud se ha duplicado, los
resultados —como egresos hospitalarios y consultas— no han crecido al mismo
ritmo. El sector enfrenta un déficit crónico de recursos humanos y de
infraestructura en comparación con los estándares internacionales (CNP, 2022;
OCDE, 2023). A ello se suman ineficiencias de gestión, como el bajo uso de los
pabellones hospitalarios, que solo operan al 53% de su capacidad (CNP, 2020).
Además, la Atención Primaria en Salud (APS) aún no logra consolidarse como un
nivel resolutivo ni preventivo. Todo esto ocurre en un contexto de gasto público
sistemáticamente superior a lo presupuestado por más de una década.
Persisten, además, falencias estructurales. La coexistencia de Fonasa e isapres,
con lógicas distintas y una regulación deficiente, consolidó un sistema
fragmentado y desigual. Fonasa concentra a los usuarios de mayor riesgo y
menores ingresos, funcionando más como una ‘caja pagadora’ que como un
asegurador público, lo que genera mayores presiones fiscales y aumento en las
listas de espera. Mientras las isapres son cuestionadas por alzas sostenidas,
planes múltiples y complejos, altos precios y exclusiones por preexistencias. A
todo ello se suma un gasto de bolsillo del 30%, con un tercio destinado a
medicamentos (Bolbarán, 2024).
Este panorama explica que la salud sea hoy la principal preocupación ciudadana
después de la delincuencia, según la Encuesta CEP N°94 2025. A continuación,
las tres propuestas que consideramos más urgentes para el sector.
Plan de Salud Único con múltiples aseguradoras. Se requiere avanzar hacia un
sistema de seguridad social, donde se compartan riesgos y se unifiquen los
objetivos público-privados, garantizando acceso según necesidad y no capacidad
de pago. Para ello, se propone un Plan de Salud Único, de acceso universal, que
contemple gradualmente beneficios explícitos en salud física y mental en todos los
niveles —promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación—, que incluya
medicamentos. Todo ello sería financiado por contribuciones salariales y aportes
fiscales, con redistribución de recursos hacia las aseguradoras que afilien a las
personas de mayor riesgo, garantizando la libre elección entre un asegurador
estatal, como Fonasa, y otros privados, sin discriminación por riesgo.
Fortalecer Fonasa y los prestadores estatales para una mejor gestión. La
gestión deficiente mantiene listas de espera pese a avances como el GES.
Aunque el sistema GRD ha mejorado la oportunidad en la asignación de recursos
a hospitales, persiste la brecha entre planificación y capacidad operativa. Se
requiere una reforma integral de Fonasa —revisando rol, estructura y atribuciones
(CEP 2022)— que vincule los pagos a resultados e incorpore evaluación de
desempeño de los hospitales, junto con medidas para aumentar la productividad
mediante criterios transparentes de prelación y derivaciones ágiles al sector
privado bajo estándares públicos. Como contraparte, los hospitales deben contar
con autonomía para ejercer frente a Fonasa y tomar decisiones que mejoren su
productividad y permitan cumplir los convenios de desempeño. Se ha propuesto
(Vergara, 2015; CEP-ESP, 2017; Imaginacción, 2020) que la administración
hospitalaria sea asumida por una entidad estatal independiente del Ministerio de
Salud, con atribuciones para definir la planta de funcionarios, sus remuneraciones
y demás condiciones laborales.
Reforma a la Atención Primaria. La APS es el pilar fundamental de todo sistema
sanitario. En Chile, concentra cerca del 80% de las prestaciones del sector
público, lo que refuerza su rol estratégico. Se propone instaurar un esquema
nacional integrado para la gestión de la demanda en los centros de atención
primaria (estatales, como los CESFAM, y privados), incorporando modalidades de
atención presencial, teleasistida y domiciliaria. Para ello, es necesaria la normativa
sobre interoperabilidad de los sistemas con el fin de implementar la ficha digital
universal, ampliar la oferta de prestaciones otorgadas por la APS incorporando
exámenes y procedimientos de menor complejidad, teleconsultas y telemonitoreo,
y optimizar la cobertura y gestión de pacientes según su nivel de complejidad. Ello
requiere rediseñar el mecanismo y el monto de pago en este nivel. En el caso de
los aseguradores privados, se debe promover e incentivar el modelo de atención
con redes preferentes a través de médicos de cabecera, avanzando hacia una
atención más integral, resolutiva y de menor costo.
La educación es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía (CEP
2025). Ello es natural, toda vez que los resultados muestran un preocupante
estancamiento. La prueba PISA, que evalúa los aprendizajes en lectura,
matemática y ciencias en jóvenes de quince años, nos muestra que hace tres
lustros que Chile no tiene avances en los logros de aprendizaje de sus estudiantes
y que estos todavía son excesivamente bajos en comparación con el promedio de
los países de la OCDE. En la última prueba PISA de matemática, casi el 60% de
los jóvenes se ubicó bajo el nivel 2, que es el nivel mínimo para desempeñarse
funcionalmente en el mundo de hoy. En los países de alto rendimiento este
porcentaje es menor a 10% y entre los países de la OCDE el promedio fue de
31%, la mitad que nosotros (OCDE 2023).
En los últimos 12 años, la educación ha estado sometida a cambios profundos,
transformaciones que no se han traducido en una mejora de los aprendizajes. A
más de una década de las últimas reformas observamos que la gestión escolar se
ha burocratizado, los equipos directivos han perdido autonomía, los docentes
presentan alto porcentaje de licencias y rotación, los liceos de excelencia
prácticamente desaparecieron, la educación pública aumentó exponencialmente la
dotación de los asistentes de la educación y carece de incentivos suficientes para
atraer a directores de altas competencias, y la formación inicial docente sigue
siendo academicista, con graves carencias en competencias básicas como la
enseñanza de la lecto-escritura y las operaciones básicas de la matemática,
además de ser poco atractiva para jóvenes con talento académico y vocación
pedagógica.
Debemos volver a priorizar aquellos factores que inciden en la calidad de la
interacción entre el docente y el estudiante, focalizando el esfuerzo en la última
milla. A continuación, relevamos tres tareas que consideramos fundamentales
para retomar la senda del progreso educativo.
Priorizar la enseñanza de la lecto-escritura y las operaciones
matemáticas. Ello exige i) mejorar los recursos pedagógicos de lenguaje y
matemática que se utilizan en el aula, como los programas y textos escolares (y
no las bases curriculares), con especial énfasis en los últimos dos años de la
educación parvularia y el primer ciclo de educación básica (1° a 4° básico), de
manera de facilitar el aprendizaje de la lecto-escritura a través del método fonético
y las operaciones básicas matemáticas con metodologías que enseñen desde lo
concreto hacia lo abstracto con foco en la metacognición; ii) concentrar las
capacitaciones en educadores y docentes del primer ciclo de educación básica en
el desarrollo de competencias en la enseñanza de la lecto-escritura y la
matemática; iii) robustecer la formación inicial de educadores y docentes,
fortaleciendo el desarrollo de competencias pedagógicas en la enseñanza de la
lecto-escritura y de las operaciones básicas en matemática, y evaluar dichas
habilidades en la Evaluación Nacional Diagnóstica; y iv) implementar un programa
piloto de apoyo pedagógico a los niños de segundo, tercero y cuarto básico que
muestran rezago en sus aprendizajes de lectura y matemática en línea con las
prácticas de los países con mejor desempeño. De tener éxito el piloto, este se
puede escalar reformando el actual Programa de Integración Escolar (PIE).
Fortalecer la carrera docente. La calidad de los docentes es el techo de la
calidad de la educación, de ahí la necesidad de fortalecer la carrera docente. Para
ello, se propone: i) mantener las actuales exigencias para el ingreso a las
pedagogías; ii) hacer más atractiva la carrera docente aumentando el
reconocimiento económico que reciben los educadores y profesores en los tramos
Experto I y II, y disminuyendo los años de experiencia para alcanzar dichos
tramos; y iii) flexibilizar las causales de despido que rigen al sector público para
desvincular oportunamente a los docentes y educadores de bajo desempeño.
Más y mejor educación parvularia. La evidencia internacional es robusta en
mostrar el alto retorno social de la inversión en la primera infancia; lo que se
acrecienta en las personas más vulnerables. En materia de cobertura, se constata
una disminución de ésta en los últimos años de la educación parvularia y aún no
gozamos de acceso universal a los niveles medios. En materia de calidad, todavía
se observan brechas inequitativas en el financiamiento de la educación parvularia
y el escaso avance en la formación del área de calidad de la educación parvularia
en la Agencia de la Calidad de la Educación. Para abordar estos desafíos, se
propone: i) realizar una campaña nacional que transmita a las familias la
importancia de la educación parvularia; ii) crear acceso universal a los niveles
medio mayor y medio menor en un horizonte de 8 años; y iii) eliminar las brechas
de financiamiento entre las salas cunas y jardines infantiles de JUNJI/ Fundación
Integra y aquellas que se financian vía transferencia de fondo (VTF) o en convenio
con Integra creando una subvención con un monto equivalente al gasto por niño
en JUNJI a cargo de la subsecretaría de educación parvularia.
