En los últimos meses se ha escrito mucho sobre el fracaso del gobierno de la Unidad Popular, buscando determinar las causas de su fracaso y del quiebre institucional. Poco se ha escrito, eso sí, sobre la profunda crisis económica que vivía el país en 1973. La razón podría encontrarse en que es más fácil analizar las causas políticas del fracaso y no las causas económicas, que sin embargo en 1973 fue una de las principales razones del fracaso de la UP.
Hay que considerar además, que las bases de datos no cubren en general el período 1970 – 193 por lo que cualquier análisis riguroso de la situación económica, demanda efectuar un chequeo de todos los antecedentes económicos disponibles.
Quienes vivieron en esa época, recuerdan que la situación económica era caótica: desabastecimiento de productos básicos ( quedan tres días de pan diría el presidente Allende a pocos días del 11 de septiembre); colas interminables que humillaban a la población; un mercado negro irritante en el cual participaba gran parte de la población; una inflación galopante, que obligaba al comercio a cambiar los precios varias veces al día; serias dificultades para adquirir materias primas; etc.
¿Cuáles fueron las causas del caos económico durante el gobierno de la U.P.? ¿Los bajos precios de nuestros productos de exportación; ¿La existencia de un boicot externo?, ¿El acaparamiento de los productos de consumo?
La crisis económica fue el resultado de un programa de gobierno que – en lo económico – era insostenible. La causa más importante del caos económico fue la existencia de un déficit fiscal, que el gobierno de la U.P. financió mayoritariamente con préstamos del Banco Central. Es decir, con un impuesto inflación, el más inequitativo de los impuestos. Hay que señalar que en ese período de la historia económica del país, no se aplicaba lo que hoy se conoce como responsabilidad fiscal.
Hay que señalar que entre los años 1967 y 1970 el déficit fiscal era de un 3,7% del Producto Interno Bruto, en promedio, que subió al 15% en promedio entre los años 1971 y 1973, con una clara tendencia creciente.
El déficit de las empresas públicas y de aquellas que pasaron al control del Estado, por la vía de la compra directa a través de Corfo o a través de las expropiaciones, llegó a un 30% del PIB en 1973.
Para financiar este déficit, el gobierno hecho a andar la maquinita haciendo crecer la cantidad de dinero. Como resultado, se produjo un proceso de inflación creciente. Los economistas Francisco Antonio pinto y Jorge Ahumada en su momento había precisado que la inflación era un problema endémico de nuestro país, estableciéndose en un rango de un 30% promedio al año en la década del 60. Ella venía acompañada de un crecimiento de la cantidad de dinero de un 36%, en promedio. Entre los años 1971 y 1973, el crecimiento del dinero subió a más de 200% por año, con el resultado catastrófico en la inflación: un 22% en 1971, un 163% en 1972 y un 508% en 1973.
Con el objeto de frenar la inflación, el gobierno puso en marcha un programa de control de precios señalando que la inflación se debía al sabotaje de los empresarios y al boicot externo. El gobierno era partidario de fijar “precios justos” para la mayoría de los bienes. Los precios, en todos los casos, se fijaban desagregados hasta el absurdo. La fijación de precios lejos de reducir las presiones inflacionarias dado el exceso de liquidez existente (creada por aumentos salariales por sobre la inflación) generaba desabastecimiento y el desabastecimiento creaba el mercado negro, no por el “acaparamiento” sino como una consecuencia lógica de la fijación de precios. Estos eran, siempre, fijados por debajo del nivel de equilibrio e incluso por debajo de los costos de producción.
Los salarios mínimos, en 1971 fueron reajustados en un 67%, cifra que triplicaba la inflación de ese año y entre los meses de abril de 1971 y abril de 1973 el índice de salarios se multiplicó por cuatro.
En el escenario anterior, el mercado negro era la única forma de abastecerse de bienes que no estaban en venta en el mercado formal. Esto creaba una sensación de necesidad exacerbada por la cual, la decisión de compra obedecía al concepto de precaución y no al concepto de necesidad. De hecho, las familias compraban más de lo que requerían, angustiadas de que en el futuro no pudiesen comprar lo necesario.
Otra manera de frenar las presiones inflacionarias era mediante los controles cambiarios. Hay que señalar que en esa época existía una política de tipos de cambio múltiples realmente anárquica, de acuerdo con el tipo de transacción, que en el año 1973 fluctuaban entre E° 25 y E° 1.300. Los exportadores de cobre recibían un tipo de cambio muy castigado, mientras las importaciones de ciertos bienes se vendían a tipos de cambio muy altos, dañando la competitividad. La fijación de tipos de cambio abarataba las importaciones, produciendo un deterioro en la balanza comercial y en las reservas internacionales. Estas fueron negativas entre 1971 y 1973.
La cuenta corriente era fuertemente deficitaria, llegando a un 5% del PIB en 1973. Por su parte, la escasez de divisas fruto de la errada política de precios, se enfrentaba por la vía arancelaria, cuotas y permisos de importación, a través de una estructura completamente irracional, con tarifas que fluctuaban entre 0% y 1000%, promediando cerca de un 100%.
Lo anterior, formaba parte de la política de sustitución de importaciones que se había iniciado décadas atrás, y que, por las presiones de diferentes grupos de presión, o para favorecer favores políticos y evitar la pérdida de divisas, había perdido toda racionalidad. El resultado generaba niveles de protección excesivos a una industria crecientemente ineficiente.
Otro aspecto que contribuyó a la crisis económica fue lo ocurrido con el derecho de propiedad. El programa de la Unidad Popular planteaba como uno de sus principales aspectos, el traspaso al Estado de parte importante del aparato productivo del país. Este proceso se llevó adelante a través de los llamados resquicios legales, utilizando una normativa antigua, no derogada, que venía de la época de la llamada república socialista. Esto vulneraba la institucionalidad.
La incerteza jurídica – como es lógico – afectó de manera importante la inversión privada y las decisiones productivas. Existía además un exacerbado escenario de hostilidad entre trabajadores y empresarios. Lo anterior, profundizó la caída de la actividad económica.
Las empresas tomadas o estatizadas, eran administradas por personas sin la preparación técnica o profesional de acuerdo al cargo para el que fueron designadas. Eran en realidad, operadores políticos de los diversos partidos de la Unidad Popular. Sus decisiones presionaban para conseguir para los trabajadores mayores salarios y para los consumidores menores precios. Lo anterior, deterioraba la situación fiscal y aceleraba las presiones inflacionarias.
En este cuadro de distorsiones de precios, un déficit fiscal creciente, una inflación galopante, la existencia de mercados negros y anarquía en todo el proceso productivo deterioró el crecimiento del país. En el año 1971, la economía creció un 9% como resultado del fuerte aumento del gasto público, el exceso de liquidez y un aumento de salarios que triplicó la inflación. Los dos años – 1972 y 1973, hubo una fuerte recesión, acumulando la economía una caída de un 6%.
Señalemos finalmente que los factores económicos producto de políticas públicas erradas creaban sucesivamente nuevas distorsiones, que agravaban los problemas en vez de corregirlos. La profunda crisis económica desencadenada en el gobierno de la Unidad Popular, que fue una de las causas adicionales del quiebre democrático y del apoyo que en ese entonces tuvo la intervención de las Fuerzas Armadas.
