La industria de la construcción es la “industria madre” de la economía nacional.
De ella dependen cientos de otras empresas sino que también un importante
porcentaje de los trabajadores del país. El escenario es de crisis. La importancia
que tiene el sector en el empleo es aproximadamente del 10% del total y genera
un 14% del PIB. El nulo crecimiento económico del país, ha golpeado con fuerza
al sector inmobiliario. Y ello se nota: Hay más de 250 empresas inmobiliarias que
han quebrado o entrado en reorganización judicial. La quiebra de la constructora
Claro, Vicuña y Valenzuela y el despido de sus 2.500 trabajadores y la
reorganización judicial del grupo SENCORP, está marcando la profundidad de la
crisis que vive el sector.
El Banco Central señaló que las dificultades financieras del sector inmobiliario y de
la construcción han conllevado una especial preocupación en esta coyuntura y que
estas empresas han experimentado aumentos relevantes de costos, lo que
sumado a una menor actividad ha comprimido sus márgenes y deteriorado su
capacidad de pago. El sector ha sufrido una importante alza de los costos pues
los materiales de construcción han crecido entre un 20% y 30% anual. Ello, como
resultado del alza del precio del dólar, el alza del precio del petróleo e
interrupciones en las cadenas de suministros. El alza de la TPM por parte del
Banco Central como resultado del retiro de los fondos de pensiones, ha disminuido
la capacidad de acceso a la vivienda. La tasa de interés de los créditos
hipotecarios alcanzó su nivel más alto en 20 años, llegando a UF + 4,5%.Antes de
los retiros de los fondos de las pensiones, la tasa bordeaba los 2,5% en UF.
La crisis en el sector se agudiza día a día. Al tercer trimestre las ventas de
viviendas nuevas en Santiago bajaron en un 52%. La Cámara Chilena de la
Construcción señala en un último Informe que la actividad del sector caerá en un
4% el presente año.
Para superar el estado de crisis deben producirse, simultáneamente, diversos
cambios: Acelerar los pagos a los servicios prestados y reajustar los contratos
vigentes para compensar el alza de precios. Se debe disminuir la excesiva
burocracia estatal en la aprobación de los proyectos de inversión. Se deben
disminuir los tiempos de recepción de las obras, en las Direcciones de Obras
Municipales. Por último, se debe reponer la certeza jurídica de los permisos
municipales.
