En el Chile Day realizado en Londres, inversionistas y empresarios de diversos países, le planteaban sus inquietudes sobre el proceso constitucional al ministro de Hacienda Mario Marcel.
El ministro, que cada día que pasa, tiene mayor peso político dentro del gobierno señaló al respecto: “Podemos tener la seguridad de que el proceso constitucional va a terminar en diciembre”. Lo señalado fue un intentó del ministro por dar a los inversionistas extranjeros seguridad para sus inversiones y demostrar que Chile es un país confiable. Agregó el ministro que: “el proceso va a terminar de una manera u otra, ya sea con la aprobación de una nueva Constitución o con el rechazo de la nueva propuesta (…) toda la motivación política para reemplazar la Constitución probablemente se acotará y vendrán procesos de reformas constitucionales quizás más tradicionales”.
Personeros de distintos sectores, consideran fundamental para la estabilidad y el crecimiento del país que el proceso constituyente concluya con la aprobación de una nueva constitución.
Felipe Larraín, ex Ministro de Hacienda en el gobierno de Sebastián Piñera señaló en un seminario de Icare, que se debía presentar un proyecto razonable para que fuera aprobado. Eduardo Aninat, ex Ministro de Hacienda señaló que “es mejor definir las cosas de una vez por todas y aspirar a una constitución sólida del siglo XXI, y que por lo menos dé una institucionalidad muy clara por los próximos 25 o 30 años”. Manuel Marfán, ex funcionario del sector económico explica que la estabilidad económica no es independiente del resultado que se dé en el plebiscito de diciembre. Señala: “para que haya certidumbre es necesario que funcione bien el sistema político”.
Alejandro Weber, decano de economía de la Universidad San Sebastián, señaló que lo mejor es que el proyecto de nueva constitución tenga éxito. Apuntó: “si no se aprueba este texto, con los cambios que corresponda, comenzaremos una nueva espiral de incertezas que terminará perjudicando aún más a nuestra clase media y los más pobres”. “El riesgo para Chile de no cerrar el tema constitucional sigue alto y sus consecuencias son aún peores”.
En caso de que el nuevo texto constitucional se rechazara, sería el Congreso Nacional el que debería ir reformando – caso a caso – el texto actual.
