Por Carlos Gómez, profesor universitario U. San Sebastián, MBA Universidad de Chicago
En Septiembre de 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un detallado estudio titulado Deuda pública aumentó 5 veces, de US$ Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina 33.000 millones a US$ 150.000 millones y el Caribe pueden hacer más con menos . En esta publicación, el BID identificó gasto fiscal ineficiente susceptible de ser eliminado.
Respecto de Chile, el informe concluye: “En una estimación moderada de las ineficiencias en adquisiciones, en el gasto en nómina salarial y en transferencias focalizadas, el monto promedio total del malgasto en Chile es de 1,8% del PIB”.
Este monto detectado por el BID equivale a US$ 6.100 millones. Y como el propio BID señala, es una estimación “moderada”.
Probablemente, hoy el malgasto es aún mayor tras el estallido de 2019 y la pandemia de 2020-22. Ese gasto adicional no se ha revertido completamente. En efecto, en 2018, año del estudio del BID, el gasto fiscal fue de US$ 63.000 millones, mientras que en 2024 alcanzó US$ 81.000 millones. Si el gasto de 2018 hubiera seguido creciendo al 3,7% promedio anual -una tasa ya altísima en comparación con el crecimiento económico de apenas 2% anual-, en 2024 habría alcanzado US$ 78.200 millones. Así, hay un gasto adicional de la pandemia que no se ha revertido al menos por US$ 2.800 millones.
En consecuencia, es posible eliminar gasto ineficiente por al menos US$ 6.100 millones identificados por el BID y otros US$ 2.800 millones por gasto de la pandemia que no se revirtió en su momento.
Esta reducción posible del gasto público no es en programas sociales que sirven bien a los chilenos, sino en eliminar el malgasto y el despilfarro fiscal que les hace mal. Todo Chile es testigo de las transferencias millonarias a fundaciones truchas; de los viajes al exterior con licencias médicas falsas; del fraude masivo -exacerbado en la pandemia por el impulso a la universalidad de los beneficios- por el cual miles de personas acceden a beneficios sociales que no necesitan (en investigación por parte de la Contraloría); del aumento de 100.000 funcionarios públicos en el gobierno central (sin incluir los 100.000 traspasados desde las municipalidades a los SLEP); del bono de bodas de oro; de los bonos de desempeño de los funcionarios del Estado, a pesar de que 40.000 chilenos mueren al año esperando atención médica; y el gasto político en los amigos y parientes de los partidos que han gobernado en los últimos 10 años.
Este malgasto del Estado es escandaloso. Se puede y se debe eliminar. Los tiempos dependerán de la firmeza y determinación del próximo gobierno, pero también de un Congreso que apruebe los cambios legales que se requieran. En esta tarea es relevante que participen organismos técnicos independientes, como el Consejo Fiscal Autónomo y la Comisión Nacional de Productividad, para que propongan al Ejecutivo y al Congreso las eliminaciones de malgasto y despilfarro fiscal que identifiquen.
Por último, es urgente acometer una modernización profunda del Estado, de modo que las reformas que impulse el próximo gobierno perduren en el tiempo y se traduzcan en servicios oportunos y eficientes para los chilenos que lo financian con sus impuestos. Un Estado moderno y eficiente no solo mejorará los servicios; también impulsará el empleo, las remuneraciones, la inversión y el crecimiento, abriendo más oportunidades para todos los chilenos.
