Por Juan Carlos Aguilera
Pocas palabras han sido tan invocadas por la política hispanoamericana como la
palabra pueblo. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 hasta los
actuales regímenes de Venezuela y Nicaragua, ningún concepto ha servido con
tanta eficacia para justificar el ejercicio despótico del poder. Fidel Castro afirmaba
gobernar en nombre del pueblo cubano; Hugo Chávez presentó la revolución
bolivariana como la recuperación del poder por parte del pueblo venezolano;
Daniel Ortega continúa sosteniendo que el sandinismo representa la voluntad del
pueblo nicaragüense frente a las élites y los enemigos de la nación. En los tres
casos, el pueblo ocupa el centro de los discursos oficiales, de las constituciones,
de las campañas de propaganda y de la legitimación permanente del régimen.
Si embargo, pocas paradojas resultan tan evidentes como la que ofrecen hoy
estas tres desafortunadas experiencias políticas. Nunca se había hablado tanto
del pueblo mientras, al mismo tiempo, se destruían de manera sistemática las
condiciones que hacen posible la existencia de un verdadero pueblo. No se trata
únicamente de una contradicción retórica ni del recurso habitual de toda
propaganda política. Se trata de una transformación mucho más profunda. Las
revoluciones cubana, venezolana y sandinista comenzaron prometiendo devolver
el poder al pueblo. Afirmaron rescatar la soberanía secuestrada por las
oligarquías, liberar a los humildes de las estructuras de dominación y reconstruir la
comunidad nacional sobre bases de justicia social. Pero, conforme fueron
consolidando el poder revolucionario, el pueblo dejó de ser el sujeto de la política
para convertirse en el principal instrumento de legitimación del propio poder.
Lafuerza de ese discurso solo puede comprenderse atendiendo al contexto
histórico en que surgieron estos movimientos. Cuba padecía la corrupción y la
dictadura de Fulgencio Batista; Venezuela experimentaba el progresivo deterioro
del sistema político nacido tras el Pacto de Punto Fijo; Nicaragua arrastraba
décadas de dominio de la dinastía Somoza. Las tres revoluciones supieron
interpretar un malestar real y responder a aspiraciones igualmente reales de
libertad, justicia y dignidad. Millones de hispanoamericanos, y no pocos
intelectuales europeos, vieron en ellas la posibilidad de reconciliar definitivamente
el poder con las grandes mayorías nacionales.
Precisamente por eso resulta tan elocuente el desenlace. Las revoluciones que
prometieron devolver el poder al pueblo terminaron construyendo regímenes
donde el pueblo fue perdiendo progresivamente la posibilidad de existir como
sujeto autónomo de la vida política. La tragedia no consiste solamente en que
aquellos procesos desembocaran en formas crecientemente autoritarias. Lo
verdaderamente significativo es que lograron conservar intacto el lenguaje de la
soberanía popular mientras desaparecían una tras otra las instituciones que hacen
posible la existencia de un pueblo libre.
Toda revolución necesita un sujeto moral que legitime su actuación. La Revolución
Francesa habló en nombre del tercer estado, del pueblo. El marxismo recurrió al
proletariado como sujeto de la historia. Las revoluciones latinoamericanas hicieron
del pueblo la fuente exclusiva de legitimidad política. Sin embargo, una vez
conquistado el poder, ese sujeto dejó de ser una comunidad viva capaz de
deliberar sobre su propio destino para convertirse en una categoría definida por
quienes gobernaban. Ya no era el pueblo quien hablaba; era el poder quien
decidía quién podía ser considerado pueblo y quién debía quedar excluido de él.
Cuba constituye probablemente el ejemplo más temprano y más acabado de este
proceso. El dictador Fidel Castro jamás dejó de invocar al pueblo. Desde La
historia me absolverá hasta sus últimas intervenciones públicas, toda la legitimidad
del régimen descansó sobre la afirmación de encarnar la voluntad popular. Pero
mientras el lenguaje revolucionario multiplicaba las referencias al pueblo, iban
desapareciendo una tras otra las instituciones que permiten a un pueblo existir
como sujeto político. Los partidos fueron prohibidos, la prensa independiente
desapareció, las asociaciones civiles quedaron absorbidas por el Estado, los
sindicatos perdieron su autonomía, la universidad fue sometida al control
ideológico, la libertad económica quedó severamente restringida y cualquier forma
organizada de oposición fue considerada incompatible con la revolución. El pueblo
seguía ocupando el centro de los discursos; había desaparecido de la vida
política.
Venezuela recorrió un itinerario diferente, aunque llegó a un resultado semejante.
Hugo Chávez comprendió desde muy temprano la enorme fuerza simbólica de
identificarse con el pueblo. No comparecía únicamente como presidente de la
República. Se presentaba como la voz misma del pueblo venezolano. Poco a
poco, la revolución bolivariana dejó de ser un proyecto político sometido al juicio
de los ciudadanos para convertirse en la única expresión legítima de la soberanía
popular. La oposición dejó de ser un adversario democrático y pasó a describirse
como enemiga del pueblo, representante de intereses oligárquicos o instrumento
del imperialismo. El paso decisivo consistió en identificar progresivamente cuatro
realidades distintas: el pueblo, la revolución, el Estado y el líder. Una vez
consumada esa identificación, toda crítica al gobierno podía interpretarse como un
ataque al propio pueblo, y el pluralismo dejó de entenderse como una riqueza
propia de la vida republicana para convertirse en una amenaza contra la
revolución.
La evolución nicaragüense confirma la misma lógica. Daniel Ortega alcanzó
reconocimiento internacional luchando contra la dictadura somocista en nombre de
la liberación del pueblo. Décadas después, ese mismo lenguaje emancipador
terminaría legitimando la concentración del poder en torno a un régimen de
carácter familiar sostenido por un amplio aparato policial, judicial y
propagandístico. Las instituciones fueron perdiendo su independencia, numerosos
medios de comunicación desaparecieron, las organizaciones de la sociedad civil
fueron clausuradas o sometidas a un estrecho control estatal y la persecución
alcanzó incluso a comunidades religiosas, universidades y organizaciones
humanitarias. Quien discrepaba ya no era simplemente un opositor político. Era
presentado como traidor al pueblo y a la revolución.
Las diferencias entre Cuba, Venezuela y Nicaragua son evidentes. Sus
circunstancias históricas, económicas e internacionales no fueron las mismas. Sin
embargo, las tres experiencias terminaron compartiendo una misma lógica política.
Cuanto más se invocaba al pueblo, menos espacio quedaba para que el pueblo
pudiera existir con autonomía respecto del poder. La sociedad fue siendo
sustituida por el Estado; las instituciones intermedias, por organizaciones
controladas desde el gobierno; la deliberación pública, por la propaganda; la
ciudadanía, por la adhesión ideológica.
Ese es el verdadero núcleo del problema. Un pueblo no es una multitud movilizada
por el Estado, ni una masa convocada periódicamente a aclamar al gobernante, ni
una categoría retórica utilizada para justificar decisiones previamente adoptadas.
Un pueblo existe cuando los ciudadanos conservan la capacidad de asociarse
libremente, de deliberar sobre el bien común, de organizar instituciones
independientes, de transmitir una memoria compartida y de limitar el poder
mediante una sociedad civil vigorosa. Allí donde esas realidades desaparecen,
permanece la población, permanece el territorio e incluso pueden subsistir
elecciones y constituciones. Lo que desaparece es el pueblo como sujeto moral e
histórico de la vida política.
La mayor enseñanza que dejan las revoluciones cubana, venezolana y
nicaragüense consiste precisamente en haber demostrado que la democracia
puede comenzar a morir mucho antes de que desaparezcan las elecciones.
Comienza a extinguirse cuando el poder estatal absorbe progresivamente a la
sociedad y convierte al pueblo en una ficción administrada desde el Estado. Desde
ese momento, la política deja de ser el gobierno de una comunidad libre para
transformarse en la administración de una obediencia organizada.
Quizá esa sea la paradoja más inquietante de la historia política hispanoamericana
reciente. Las revoluciones que prometieron devolver el poder al pueblo terminaron
privándolo de la posibilidad de existir como sujeto libre de la vida política.
Continuaron hablando diariamente en su nombre, pero ya no aceptaron que el
propio pueblo pudiera hablar con una voz distinta de la del poder. Ahí reside su
mayor fracaso histórico y, al mismo tiempo, una advertencia que ninguna
democracia debería ignorar. Allí donde el poder monopoliza la definición del
pueblo, el pueblo ha comenzado ya a desaparecer.
