El gobierno trata por todos los medios posibles de zafarse del caso “Ex casa de
Allende”, episodio donde los diversos equipos jurídicos de las distintas
reparticiones de gobierno, fallaron de manera lastimosa.
El episodio, según el destacado jurista Carlos Peña, actual rector de la
Universidad Diego Portales, demostró la “ignorancia” de muchos, incluidos la
senadora involucrada en la compraventa Isabel Allende que fue parlamentaria
durante casi 30 años y el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, que
como egresado de Derecho de la universidad de Chile, debería hacer conocido el
artículo 60 de la Constitución Política del Estado que establece: “ “cesará en el
cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare
contratos con el estado…”
El presidente Boric, firmó el decreto respectivo.
El gobierno quiere cerrar este caso lo antes posible, con el objeto de intentar
disminuir los efectos de tamaña desprolijidad. La vocera de Gobierno, Aisén
Etcheverry, señaló que “el contrato de compra – venta por parte del Estado se rige
por las reglas del derecho público y por lo tanto, comprende una serie de trámites
que en este caso no finalizaron”.
Agregó: “Hay decretos que tendrían que haberse firmado, existe una inscripción,
una transferencia de dominio, una serie de trámites que son los necesarios para
que concluyera el proceso de la compra – venta”.
El Tribunal Constitucional está analizando la acusación. Y tiene solo dos caminos:
Aplica lo dispuesto en la Constitución o busca resquicios legales o triquiñuelas
jurídicas para desestimar la acusación en contra de la senadora Allende.
