Duros cuestionamientos generaron en el oficialismo la férrea
defensa que el PC hizo del alcalde Daniel Jadue ante los delitos de
corrupción que le imputará la fiscalía y las propias declaraciones del
edil comunista en que responsabilizó al Frente Amplio (en
particular al presidente del CDE, Raúl Letelier, quien tiene vínculos
con ese conglomerado) de su compleja situación judicial.
“El alcalde debiera concentrarse en su defensa y no en el Frente
Amplio”, contraatacó el presidente de Comunes, Marco Velarde,
mientras que la timonel socialista, Paulina Vodanovic, dijo que “es
difícil creer en conspiraciones” como las levantadas por Jadue, y
que estas le hacen mucho daño a las instituciones.
Sobre las declaraciones de Jadue, desde el gobierno la ministra del
Interior, Carolina Tohá, dijo que “esa forma de plantearse no es la
que contribuye a que nos fortalezcamos como democracia”.
“Hay que tratar de entender con más humildad las cosas que nos
toca enfrentar”, agregó la secretaria de Estado.
Varios dirigentes de partidos de gobierno también criticaron
tácitamente la postura del PC de no pasar a Jadue a su tribunal
supremo para evaluar medidas como la suspensión de su militancia,
contraponiéndola con la forma en que han actuado las demás
colectividades cuando un militante de sus filas es formalizado en
alguna causa judicial.
“Por lo menos en el PPD, un alcalde, funcionario o militante
formalizado es un militante suspendido. Y si es condenado, es un
militante expulsado. Creo que es el tiempo de elevar los
estándares”, afirmó el presidente del PPD, Jaime Quintana.
