Rodrigo Pérez de Arce
Investigador asociado a Faro Universidad del Desarrollo
No hay una figura en la izquierda chilena que tenga un peso simbólico comparable
al de Salvador Allende. Por eso, es llamativo que la compra de su casa de Guardia
Vieja se haya realizado con tamaña negligencia, con tanta falta de cuidado a
detalles básicos, como la inhabilidad de ministros y parlamentarios —en este caso,
de su hija y su nieta— para celebrar contratos con el Estado.
El decreto del Ministerio de Bienes Nacionales estaba listo, el contrato ya estaba
firmado, y el documento por el pago al contado del inmueble estaba listo para ser
cobrado. El gobierno anunció públicamente la noticia —parte del legado del
presidente Boric— y la compra solo se detuvo cuando la prensa levantó las dudas.
Es decir, en la larga cadena burocrática de controles y autorizaciones nadie —en
ningún ministerio, ni tampoco las involucradas, personas de larga experiencia en
cargos públicos— levantó una alerta suficiente como para detener la compra
prohibida y el bochorno. Una vez más, el gobierno se hace daño solo, sigue
hundido en su propia mediocridad, en sus dificultades perennes, en su
incapacidad de hacer las cosas bien.
Y es que la desprolijidad se ha vuelto la tónica cuando miramos a la
administración Boric. Basta recordar las recurrentes chambonadas de su primera
ministra de Interior, Izkia Siches, repelida a balazos apenas días después de
haber comenzado su labor; o la triste ignorancia al hablar del retorno de un avión
con venezolanos, cuestión que nunca ocurrió.
La cadena de errores se repitió cuando —en una medida que todavía es
incomprensible— el presidente indultó a los llamados ‘presos de la revuelta’. No
solo se eliminó la pena de personas que habían cometido delitos graves,
incluyendo a un exguerrillero preso por asaltar un banco, sino que todo indica que
el chequeo de antecedentes fue, una vez más, desprolijo, poco exhaustivo. Como
si fuera poco, se publicaron listados diferentes: primero eran once, luego fueron
trece. El desorden fue tal que debieron renunciar su jefe de gabinete y su ministra
de Justicia.
Podríamos seguir. Queda el ejemplo del proceso para la renuncia de Manuel
Monsalve —aunque más que errores jurídicos, se trató de un desastre político—,
la revocación de pensiones de gracia mal otorgadas, los errores por los que ha
hecho noticia la Dirección de Presupuestos, el caso de corrupción asociado a los
convenios o la animadversión apenas disfrazada de leguleyada por parte del
Comité de ministros en el proyecto minero-portuario Dominga.
Pero el punto de fondo es otro. La izquierda que hoy gobierna ha mostrado un
desprecio permanente por las formas de ejercicio del poder, por más que el
presidente reconociera que era momento de “habitar el cargo”. No lo ha hecho
hasta ahora, ni él ni sus correligionarios. No se trata de pedir más corbatas o
mejores modos —aunque la apariencia en política dice mucho—sino de corregir
esta tendencia a la improvisación y el descuido que ha caracterizado a este
gobierno desde sus inicios. No se trata solo de errores administrativos aislados,
sino de un patrón que revela una preocupante falta de comprensión sobre la
responsabilidad que implica gobernar un país.
Habitar el cargo significa entender que cada decisión, cada decreto, cada
nombramiento tiene consecuencias reales. Significa reconocer que la
administración del Estado requiere no solo buenas intenciones, sino también un
profundo respeto por los procedimientos y atención a los detalles.
El caso de la casa de Allende es particularmente simbólico porque demuestra
cómo incluso en un acto destinado a honrar el legado de la izquierda histórica, la
nueva generación tropieza con sus propias limitaciones, arrastrando a la vieja
guardia del Socialismo Democrático en la comparsa. Algo parecido a lo que
sucedió con el flojo acto de conmemoración de los 50 años del golpe militar:
descuido, desprolijidad, voluntarismo. La ironía no podría ser más clara: en su
afán por preservar la memoria de un líder que entendía la importancia de la
institucionalidad, terminaron por exhibir precisamente lo contrario.
No sabemos qué pasos seguirá la denuncia, ni qué hará el Tribunal Constitucional
—hoy con una mayoría afín al oficialismo— en caso de que la discusión se
traslade allí, poniendo en riesgo la continuidad de Isabel Allende y Maya
Fernández en sus cargos. Lo que sí es claro es que este episodio representa algo
más que un simple tropiezo administrativo: es el reflejo de un gobierno que, en su
desesperación por construir un legado, olvida las lecciones básicas de la gestión
pública. La compra fallida de la casa de Allende quedará como un símbolo
involuntario de esta administración —una que confunde las buenas intenciones
con la buena gestión, y el voluntarismo político con el verdadero ejercicio del
poder—. Mientras no se corrija esta disfunción fundamental, seguiremos viendo
cómo sus grandes ambiciones se estrellan contra el muro de su propia
incompetencia.
