Por Gonzalo Wielandt
Sociologo – Asesor de Emprresas
Ante la inexistencia de un referente político humanista cristiano que ofrezca al país
un proyecto demócrata cristiano, la historia de la filosofía cristiana nos enseña
fundamentos vitales. El primero dice relación con la conciliación de la fe y la justa
razón a partir de lo cual surge un ethos de lo razonable. Esto quiere decir, la
capacidad de raciocinio político para orientarse éticamente, lo que de otro modo
se denominaría el razonar en base al sentido común, orientándose moralmente
por el bien común. Esto es muy difícil, porque la debilidad humana somete las
decisiones a la mezquindad y al mero interés, esto es la política de ciegos, es
decir, ciegos guiadores de ciegos, cuyos resultados están a la vista.
Algunos se preguntarán, qué es la razón justa, la razón guiada por el bien común,
no por criterios puramente utilitaristas. Por lo tanto, cuando el criterio político
actual es sólo interés y utilidad, es muy difícil consolidar un camino al bien común.
De igual modo, cuando el criterio político actual está invadido por mera ideología,
también alcanzar el bien común se hace arduo. En este sentido, ya sin necesidad
que exista un partido político que se autodenomine humanista cristiano, es
importante estar conscientes de que la política fundada éticamente es la correcta.
Eso lo puede hacer todo político de buena voluntad.
Otro aspecto resultado igualmente crucial, la pretensión de la sociedad
comunitaria que está presente en el ideario demócrata cristiano o socialcristiano.
Ante una sociedad. Individualista, un Estado institucionalizado en favor de la
extensión burocrática y no de la promoción de la comunidad organizada, la
orientación comunitaria de la sociedad se hace espinosa, sobre todo cuando ya en
los partidos no se encuentran líderes con el corazón auténticamente comunitarista.
En este sentido, es importante que sólo importan las instituciones que
objetivamente aportan al bien común y no las que sostienen a cliques
corporativos. Esto también es posible de corregir con políticos que tengan
consciencia de un Estado verdaderamente garante del bien común, el cual
reconozca en la comunidad organizada, principalmente, territorial, junto con
valorar y potenciar las funcionales y las cooperativas como agentes de crecimiento
y distribución, una verdadera autoridad social comunitaria.
