En solidaridad a Carabineros ante el deleznable crimen de tres de los suyos.
Por Roberto Mayorga-Lorca
Profesor Titular Facultad de Derecho USS
La impunidad suele gestarse ante una institucionalidad débil no sólo
jurídica, sino que culturalmente y, en ambos casos, frente al deterioro
del principio de autoridad. Existe un par de variables relacionadas con
la naturaleza humana que convendría tener presente en los análisis de
estas debilidades.
La antigua historia del anillo de Giges, narrada por Platón, identifica,
con relación a la criminalidad la “invisibilidad” y la “impunidad” como
factores permisivos y promotores del delito.
¿Qué pasaría si las personas pudieran delinquir, asesinar, robar,
engañar o violentar cualquier norma sin ser vistas, descubiertas ni
castigadas? ¿Seguirían teniendo razones para actuar
correctamente?
Cuenta la historia que un pastor, Giges, encontró tras una tormenta en
el fondo de un abismo un caballo de bronce con un cuerpo sin vida en
su interior. Este cuerpo tenía un anillo de oro que el pastor decidió
usar. Giges ignoraba la magia del anillo, pues, al girar la piedra
preciosa que lo adornaba lo volvía invisible. En cuanto hubo
comprobado esta magia, Giges, humilde y benévolo pastor, se
transformó y la usó para cometer todo tipo de ilícitos en el
convencimiento de que la invisibilidad lo protegía y le garantizaba
impunidad.
Este mito ha tenido gran influencia en los pensadores, dando a
entender que el ser humano hace el bien hasta que pueda hacer el
mal, si logra parapetarse en la invisibilidad, en la convicción de no ser
descubierto y castigado. El criminal actúa en la oscuridad, en las
penumbras, se enmascara, se oculta. Su temor es ser develada su
identidad, que se conozca públicamente su rostro, sabe, sin embargo,
que las normas lo protegen y que la presunción de inocencia juega de
tal modo en su favor que incluso cuando la policía lo detiene infraganti
osa esconder su rostro de las cámaras sin que la autoridad se atreva a
evitarlo.
El exceso de esta garantía ha llevado al absurdo que a sujetos
detenidos por carabineros o la PDI 10, 20 ó más veces no se le
conozca ni identidad ni rostro, quedando la comunidad a su merced
cada vez que salen en libertad después de un par de días, situación
más que frustrante para la fuerza pública e indignante para la
ciudadanía.
Con el avance de la tecnología es factible salirle al paso a este manto
de invisibilidad que promueve la criminalidad, mediante programas
computacionales al alcance de la opinión pública, que den a conocer
comuna por comuna la identidad y los rostros de los delincuentes
reincidentes, esto es, de aquellos que por su habitualidad y pertinacia
es absurdo estén bajo presunción de inocencia. Siguiendo las
narraciones de Platón, muchos sujetos pensarán dos veces antes de
delinquir si sus rostros puedan develarse públicamente ante la
ciudadanía.
Sin duda surgirían voces arguyendo que lo anterior implicaría
transgresión a los derechos humanos del delincuente. Pero, si los
derechos humanos más esenciales son el derecho a la vida, a la
integridad física, psíquica y moral, a la libertad en sus diversas
manifestaciones, a la propiedad y a la dignidad, ¿no es justamente el
criminal quien atenta día a día contra ellos? ¿No tiene la ciudadanía el
derecho a conocer la identidad y los rostros de estos delincuentes?
La invisibilidad conduce a la impunidad. El sujeto percibe que el costo,
esto es, una pena o sanción son mínimos en comparación con los
beneficios o ganancias de su ilícito. El narco crimen, el crimen
organizado, a diferencia de algunos delitos como los de naturaleza
pasional, son de carácter económico y son los que están poniendo en
jaque a la sociedad. Se trata de empresas criminales que se rigen por
la conocida fórmula económica R-R, (Rentabilidad y Riesgo). La
rentabilidad de una encerrona o un portonazo por un vehículo de alta
gama de 60 millones de pesos vale la pena si los autores serán
detenidos por sólo un par de días, sin que la opinión pública ni siquiera
sepa quienes fueron, lo que obviamente los incentiva a reincidir
cuantas veces puedan. Esta práctica delictual se multiplica en el
ámbito del crimen organizado y del narco crimen, en que la R
rendimiento es multimillonaria comparada con lo exiguo de las penas.
En otras palabras, la R riesgo no es un óbice en Chile para que el
criminal desista de su conducta ilícita. El criminal conoce el sistema
garantista que existe en el país en el orden judicial-penal y opta
entonces por asumir los bajos riesgos frente a los cuantiosos
beneficios que le reporta el crimen.
Distinto sería el riesgo para el delincuente bajo un estado de
excepción constitucional si, por ejemplo, en el caso de extranjeros
ilegales miembros de organizaciones trans criminales y a sus
cómplices y encubridores, tanto extranjeros como nacionales se les
detuviese en recintos militares totalmente aislados, incomunicados y
por tiempo indefinido, requisándoseles todas sus pertenencias
financieras. Evidentemente, el riesgo de delinquir sería una señal
rudamente disuasiva para muchos que, en el presente, ven a nuestro
país como un paraíso para el crimen y el dinero ilícito.
También sería distinto si nuestra frontera del norte fuese invulnerable,
a diferencia de hoy en que, por su kilométrica extensión es imposible
resguardarla policialmente, transformándose en aliciente para que
delincuentes ingresen y escapen a su entero antojo. Es duro el
planteamiento que se formula a continuación: puede llegar un
momento de quiebre en que no exista otra solución que volver a minar
la frontera, dejando abiertos pasos por donde se ingrese o egrese
libremente, pero de manera legal y regular, para lo cual habría de
analizarse la forma y factibilidad de denunciar tratados sobre la
materia.
Ciertamente ante medidas como las señaladas los defensores de la
criminalidad alzarían la voz bajo el argumento de transgresión a los
derechos humanos. Pero, nuevamente, ¿no es el crimen organizado
con sus abyectos asesinatos como los cometidos recientemente, el 27
de abril de 2024, en el 97 aniversario de Carabineros, el que violenta y
tiene en jaque los derechos humanos de la ciudadanía?
En resumen, el deterioro del principio de autoridad y el grave
debilitamiento de la institucionalidad que están facilitando la
criminalidad y su consecuente impunidad, acarrean el inminente riesgo
de contaminar, corromper y socavar irreversiblemente a nuestra
sociedad sino se actúa con autoridad, drástica y urgentemente.