La Asociación de Isapres, criticó la fórmula que – según trascendidos – impulsaría el gobierno para implementar el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores y la devolución de los US$1.400 millones a los usuarios del sistema.
La fórmula del gobierno, en todo caso, es que todavía se está a la espera de que el Gobierno presente la esperada ley corta para instruir dicho fallo, cuando restan solo semanas para que venza el plazo establecido por el máximo tribunal.
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De todas formas, en un comunicado, la Asociación de Isapres expresó que “hemos conocido la decisión del gobierno de implementar la sentencia de una forma que conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud, perjudicando no solo a los afiliados, sino al sector salud completo”. Las Isapres estiman que “la metodología que pretende impulsar el Ejecutivo equivale a casi 100 años de utilidades”. “Ella es inviable e incumple con la promesa del Gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son diez veces el patrimonio de las isapres y no pueden generarse, independiente de los plazos que se proyecten”.
Señaló el ente gremial que: “la propia Corte Suprema, tras fijar este nuevo criterio de operación, ha enfatizado que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado. Pero la propuesta del Ejecutivo causa eso y más: restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud, de facto, muy lejos del ordenamiento requerido en la sentencia, para la cual existen interpretaciones factibles que no fuerzan un cierre administrativo y que el gobierno conoce”. “Las isapres hemos informado reiteradamente al Gobierno sobre los alcances y efectos irreversibles que tendría el persistir en esta propuesta. Contrario a la experiencia en materia de salud, el proyecto que iniciará su debate no tiene lógica sanitaria ni persigue mejoramiento alguno”.
La Asociación de Isapres señaló finalmente que: “no comprendemos, más allá de la captura política que ha marcado su definición, por qué se impulsa, aún a riesgo de menoscabar el acceso a la salud de todos los chilenos, haciendo partícipe al Congreso y pretendiendo endosarle responsabilidad en una eventual crisis sanitaria”. “Como responsables de las coberturas de casi tres millones de afiliados, creemos que el fallo no puede ser transformado en un perjuicio para afiliados y pacientes, con la fórmula propuesta todos pierden. La salud debe pesar sobre cualquier consideración ideológica, y eso pasa por buscar un mecanismo que permita cumplir el fallo, manteniendo el funcionamiento del sector privado de salud”.
