El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el
mecanismo de mutualización de la deuda de las Isapres que
se incorporó a la ley corta sobre estas aseguradoras, que
tramita el Congreso. Esta norma recalculaba la deuda de las
Isapres y permitía que siguieran funcionando.

La norma impugnada buscaba que las aseguradoras pudieran distribuir
el monto adeudado por cobros sobre la tabla única de
factores entre todos sus afiliados, lo que reducía el monto a
devolver que había calculado la Superintendencia de Salud
Esta indicación fue aprobada por el Senado e impulsada por
parlamentarios de oposición. El TC acogió el requerimiento
presentado por parlamentarios oficialistas y el ejecutivo por
tratarse de materia de seguridad social y en consecuencia
una iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo
El Ejecutivo se encuentra en un verdadero problema. Por una
parte, en el Congreso existe una clara mayoría opositora en
el Senado y una Cámara de Diputados, donde cuesta formar
mayoría por la existencia de parlamentarios de muchos
partidos políticos.
Conocido el fallo del TC, los parlamentarios de oposición
emplazaron al Gobierno a tomar la iniciativa para lograr que
el sistema de salud privado de salud no quiebre y no queden
casi tres millones de afiliados sin cobertura. Esto significaría
un verdadero desastre para Fonasa, institución que presenta
un déficit importante en la atención de sus usuarios y que la
avalancha de tres millones de nuevos usuarios harían
colapsar el sistema público de salud.
En mayo se tiene que despachar el proyecto de ley corta de
Isapres del Congreso Nacional para dar viabilidad al
cumplimiento del fallo que emitió la Corte Suprema contra las
aseguradoras, en lo que dice relación con la tabla de factores.
El proyecto de Ley corta, será revisado por una comisión
mixta compuesta por igual número de diputados y senadores.
Si se resuelve el conflicto, el proyecto vuelve a pasar por
ambas Cámara y solo se requiere de la mayoría simple de los
presentes en cada una de ellas para que se apruebe.
La tramitación del proyecto se ve complicada, pues la
oposición tiene mayoría en el Senado. El tiempo corre en
contra del gobierno, pues la Corte Suprema accedió a la
solicitud realizada por la Superintendencia de Salud otorgó
una nueva prórroga de seis meses para la aplicación del fallo
que vence en mayo.