El fallo de la Corte Suprema exigió a las Isapres: a) aplicar
una tabla única de factores para el cálculo de los planes de
sus afiliados, b) devolver los cobros en exceso que hayan
percibido, y c) terminar con los cobros a niños menores de
dos años.

Seis meses después del “supremazo” que puso en riesgo de
extinción a las Isapres, por fin parece verse el final del túnel
para tranquilidad de los tres millones de chilenos afiliados a
las aseguradoras privadas.
El fallo de la Corte Suprema, puso en jaque la sostenibilidad
financiera de las Isapres, obligando al Ejecutivo a presentar
un plan para implementar el fallo, que permita respirar un
poco más tranquilas a las aseguradoras del sistema privado.
Existe eso sí, una gran duda: alcanzará el congreso a tramitar
el proyecto, antes de que se cumpla el plazo entregado por la
Corte Suprema para implementar el fallo, que vence a fin de
mes. El Superintendente de Salud, Víctor Torres, solicitará al
máximo tribunal una prórroga para tramitar el fallo.
De hecho, el mismo Torres sostuvo esta mañana que
“estamos evaluando solicitar una prórroga a la Corte
Suprema, entendiendo que el Congreso necesita un plazo de
tiempo. Además, el proyecto ingresó con urgencia simple, por
lo tanto se requiere más tiempo”.
La ley entregará las atribuciones que requiere la
Superintendencia de Salud para modificar los contratos
anteriores a 2020. Aprobada la ley por el Congreso, vendría
el primer efecto financiero sobre las isapres: la baja en los
planes de salud. Alrededor de 600 mil afiliados verán una
rebaja de casi $50 mil mensuales al mes siguiente de
aprobarse la iniciativa.
Esto tendrá un efecto financiero importante para las isapres,
las cuales, además, deberán asumir lo que significará la
devolución de los excedentes cobrados a los mismos
afiliados.
La devolución: El proyecto del gobierno no detalla cuánto
serán los montos que deberán devolver las aseguradoras. El
fallo de la Corte Suprema estableció el cálculo que deben
realizar para determinarlo.
Las aseguradoras verán la forma en la que tendrán que
devolver los excedentes. El proyecto señala que tendrán un
plazo de seis meses – una vez aprobada la ley – para
confeccionar un plan de devolución, determinar el número de
contratos afectos a devolución; el monto a devolver a cada
afiliado; el plazo de devolución, y entregar los antecedentes
de la valorización de la deuda.
La superintendencia recibirá este plan para mandarlo a un
consejo especial presidido por un experto nombrado por la
Ministra de Salud. Este consejo tendrá seis meses para emitir
recomendaciones al plan presentado por las isapres.
Después, la superintendencia tendrá 30 días para
pronunciarse sobre el plan. De ser rechazado, las isapres
deberán presentar una nueva propuesta dentro de los 30
días. Si la propuesta es rechazada el regulador fijará el plan
de devolución.