José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano y de varios
movimientos humanista cristianos, presentó el programa de gobierno. Se trata
de un documento donde se plantean una serie de interesantes propuestas en
materias de seguridad, economía y políticas sociales. El documento, al tuvo
acceso El Cordillerano, señala que “el Estado en lugar de ser un motor del
desarrollo y un apoyo para las personas y las familias, se ha transformado en un
gran obstáculo, atrapado en su propia burocracia, en su obsesión regulatoria y en
un gasto público desbordado, que no le mejora la vida a nadie”. El tema central del
plan de Gobierno de Kast, es desarrollar un “plan de gobierno de emergencia”,
destinado a “devolver la seguridad, reactivar el progreso económico y poner al Estado al servicio de las personas”.
Seguridad: El programa señala que para enfrentar “la emergencia de seguridad,
para recuperar el orden y el sentido de autoridad”, se deben aplicar medidas “que
buscan reducir la cifra de homicidios, mejorar el control migratorio y aumentar la
capacidad del sistema penitenciario”. El Programa propone: “impulsar un plan de
recuperación territorial para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico, el
terrorismo y la violencia; y una política nacional de cierre fronterizo a los
inmigrantes irregulares. Plantea además “eliminar cualquier priorización actual que
favorezca a los inmigrantes irregulares, limitar el envío de remesas y facilitar las
expulsiones”. Plantea además que se debe reforzar la tipificación del delito de
pertenecer a una organización criminal, modernizar y ampliar la infraestructura
penitenciaria del país. Finalmente, en este punto, el Programa plantea: “aumentar
el gasto en seguridad, implementar un plan de “tolerancia cero” con el comercio
ilícito y reducir la proliferación de campamentos”.
Economía: El Programa sostiene la necesidad de “enfrentar la emergencia
económica para recuperar el progreso”, promoviendo la facilitación regulatoria,
reducir de 27% a 23% las tasas del impuesto corporativo para las empresas
medianas y grandes, y bajarla hasta un 20% para las empresas que contraten
trabajadores con riesgo de caer en la informalidad. El Programa plantea realizar
un ajuste del gasto público de US$ 6.000 millones durante los primeros 18 meses
y tener una estricta fiscalización tributaria contra la evasión. El Programa plantea
mantener el impuesto de primera categoría en un 12,5% y mejorar las condiciones
y tiempos para el pago del IVA.
Políticas Sociales: Para enfrentar lo que el Programa denomina la “emergencia
social” plantea recuperar la libertad, justicia y dignidad; propone declarar
emergencia sanitaria nacional por la actual existencia de las listas de espera en
salud y impulsar un fortalecimiento integral de la atención primaria de salud. En la
política educacional, busca eliminar la tómbola actualmente existente, crear
nuevos establecimientos educacionales, devolver a las escuelas la autonomía en
materia de convivencia escolar. Propone también, establecer una política de sala
cuna universal con cargo al Estado, en colaboración con privados. El Programa
propone potenciar varios mecanismos de apoyo para las víctimas de la violencia
intrafamiliar y ampliar los subsidios habitacionales.
Finalmente, el Programa establece que se promoverá que las personas con
necesidades educativas especiales, neuro divergentes y/o en condición de
discapacidad cuenten con los apoyos necesarios para disminuir las barreras que
hoy existen.
