Por Jorge Heine
En una notable caída en desgracia, a comienzos de marzo de 2024, Juan Orlando
Hernández fue condenado por un jurado federal en Manhattan. Con ello pasó, de
súbito, de su condición anterior de jefe de estado cortejado en EE.UU. como un
líder amigo, a la de pasar el resto de sus días tras las rejas, condenado por tráfico
de drogas y manejo indebido de armas.
“Juan Orlando Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras
para manejar el país como un narcoestado donde se permitía a los
narcotraficantes operar con virtual impunidad”, dijo el Fiscal General de los
Estados Unidos, Merrick Garland, tras la condena del jurado. Anne Milgram,
administradora de la DEA, añadió: “Cuando el líder de Honduras y el líder del
Cartel de Sinaloa trabajan mano a mano para enviar drogas mortales a Estados
Unidos, ambos merecen rendir cuentas”.La condena fue una victoria para el Departamento de Justicia y la DEA. Según
fiscales estadounidenses, durante los dos mandatos de Hernández, de 2014 a
2022, él y sus acólitos transportaron más de 400 toneladas de cocaína a Estados
Unidos. El exjefe de Estado se enfrenta ahora a una pena obligatoria de hasta 40
años de prisión; la sentencia está prevista para el 26 de junio.Pero esta historia no acaba ahí.
Como señalo en mi libro La promoción de la democracia en el siglo XXI en
las Américas : en defensa de la polis, escrito en colaboración con Britta Weiffen de
la Open University , Honduras es un ejemplo trágico de lo que sucede cuando un
país se convierte en un narcoestado. Mientras su gente sufre las consecuencias
(según el Banco Mundial, la mitad de los hondureños viven hoy bajo la línea de
pobreza), sus líderes se enriquecen gracias al tráfico de drogas.Además, la forma en que Hernández llegó al poder y mantuvo esa posición
durante tanto tiempo es prueba al canto de las equivocaciones de la política
estadounidense hacia Centroamérica –y América Latina en general– durante las
últimas décadas.Vínculos crecientes con los carteles
Hasta el arresto de Hernández en Tegucigalpa, la capital hondureña, y su
extradición a Estados Unidos en enero de 2022, su apoyo decisivo había
provenido precisamente del propio gobierno estadounidense.
Tres presidentes, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, le dieron su pleno
respaldo a Hernández y le permitieron causarle un daño enorme a Honduras y a
Estados Unidos con ello.¿Cómo así?
El 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras un clásico golpe militar. A altas
horas de la madrugada, todavía en piyama, el presidente Manuel “Mel” Zelaya fue
escoltado por soldados armados desde su casa y trasladado en avión a un país
vecino. Los líderes golpistas alegaron que, al convocar un referéndum sobre la
reforma de la Constitución hondureña, el gobierno se proponía eliminar el límite de
un solo mandato presidencial consagrado en la Constitución, y que ello abriría la
puerta al autoritarismo.Inicialmente, el entonces presidente Barack Obama protestó por el golpe y tomó
medidas contra los responsables: los opositores de derecha de Zelaya.Pero la administración finalmente cedió y permitió que los golpistas prevalecieran,
en gran parte debido a la presión de los republicanos, que veían a Zelaya como
demasiado cercano a Hugo Chávez, cuya agenda izquierdista era considerada por
el Partido Republicano como una amenaza a los intereses estadounidenses.
Los golpistas simplemente esperaron hasta la fecha de las próximas elecciones e
instalaron a su propio candidato en la presidencia, Porfirio Lobo, del Partido
Nacional, cuyo hijo Fabio también fue condenado más tarde por tráfico de cocaína.Washington hace la vista gorda
Lobo sentó las bases de Honduras como el primer narcoestado del nuevo siglo,
permitiendo a los carteles de la droga infiltrarse en los niveles más altos del
gobierno y el aparato de seguridad, mientras el tráfico de cocaína se convertía en
un pilar cada vez más central de la economía del país.En el intertanto, Estados Unidos inyectaba decenas de millones de dólares en
Honduras para fortalecer la policía y el ejército, a pesar de las acusaciones
generalizadas de estar involucrados en corrupción, ser cómplices del tráfico de
drogas y cometer abusos contra los derechos humanos.Los dólares continuaron fluyendo cuando Lobo fue sucedido en 2013 por su amigo
y compañero del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.En 2017, Hernández –un ferviente partidario del golpe de 2009– se postuló para
un segundo mandato después de que la Corte Suprema de Honduras dictaminara
que esto era perfectamente legal.Muchos hondureños creen que Hernández se robó las elecciones de noviembre
de 2017. El conteo de votos se suspendió a medianoche con Hernández de
perdedor, y cuando las urnas abrieron por la mañana, milagrosamente emergió
como ganador.A pesar de las acusaciones generalizadas de fraude electoral, Estados Unidos
reconoció rápidamente el resultado y felicitó a Hernández por su victoria.Envalentonado por su éxito, Hernández continuó con su proyecto de convertir a
Honduras en el primer narco estado del nuevo siglo en las Américas.En 2018, el hermano del presidente, Juan Antonio “Tony” Hernández, un ex
miembro del Parlamento hondureño, fue arrestado en Estados Unidos por su
asociación con el Cartel de Sinaloa. Esta entidad valoró tanto sus servicios que le
pusieron su nombre a una cepa particular de cocaína, estampando las bolsas
como “TH”. Tony Hernández fue declarado culpable de cuatro cargos en 2019,
sentenciado a 30 años de prisión y desde entonces se encuentra en una prisión
federal de Estados Unidos.El presidente Hernández negó cualquier asociación con el cartel, pero la evidencia
apuntaba a lo contrario. Como informó The Economist, en un juicio en la ciudad de
Nueva York, un narcotraficante alegó que Hernández aceptó sobornos para
“ayudar a que la cocaína llegue a Estados Unidos”. Otro testigo declaró que el
presidente había aceptado dos sobornos en 2013, antes de ser elegido. Un ex
líder del cartel testificó que al presidente le habían pagado 250.000 dólares para
que no lo arrestaran.‘Cómplices o crédulos’
Dada la historia de Hernández en Honduras, las repetidas afirmaciones de
funcionarios del gobierno estadounidense de que no estaban al tanto de sus
crímenes no tienen mayor credibilidad.Honduras se convirtió en un narco estado, en parte, porque las autoridades
estadounidenses hicieron la vista gorda. Se aliaron a Hernández porque les
pareció ideológicamente más aceptable y manipulable por Washington que su
rival, Manuel Zelaya. Pero como deja claro el veredicto del juicio en Manhattan,
fue una decisión con consecuencias desastrosas.Como lo expresó un funcionario del Departamento de Estado: “El veredicto de hoy
hace que todos los que colaboramos con (Hernández) parezcamos cómplices o
crédulos”.Esta última puede ser la evaluación más caritativa. Pero la verdad es más
incómoda.