Hoy ingresará al Tribunal Constitucional, un escrito en virtud del cual un grupo de
parlamentarios, solicita a ese alto tribunal que establezca que la senadora Isabel
Allende debe cesar en su cargo por haber infringido un artículo de la
Constitución Política del Estado que establece que “cesará en el cargo el
diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare
contratos con el Estado”.
La violación de la citada norma se produjo por haber firmado la senadora ante
notario público, la escritura pública de compraventa de la propiedad ubicada en
calle Guardia Vieja, comuna de Providencia, que años atrás perteneció a Salvador
Allende y ahora a sus sucesores.
El presidente Boric, había dado la orden de comprar dicha propiedad para
transformarla en una casa museo que recordara al ex presidente que causó la
mayor crisis institucional de nuestro país, al tratar de convertir a Chile en un país
socialista, sin tener el apoyo político para ello.
El gobierno según el decreto respectivo, firmado por el presidente Boric, pagaría
por la propiedad, una suma aproximada a los mil millones de pesos.
Corresponde ahora que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la petición
de los parlamentarios que la presentaron. Diversos analistas han señalado que la
composición del Tribunal, con una mayoría de integrantes pro gobierno pondrá
una dura prueba a este organismo: Aplicar la norma constitucional o buscar
resquicios legales o triquiñuelas jurídicas para transformarla en inaplicable. Esto
sería inaceptable y generaría un daño tremendo a la institucionalidad vigente. Más
aún, cuanto el texto de la ley es claro, no cabe al hombre distinguir”. El Código
Civil en su artículo19 establece: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se
desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se
puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o
espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su
establecimiento”.
