La Ley de Reconstrucción Nacional, contiene una normativa aprobada por el
Congreso Nacional y posteriormente validada por el Tribunal Constitucional, que
obliga a las empresas de servicios básicos a reponer los servicios que entregan a
los hogares con cuentas impagas – en caso de catástrofe – en un plazo máximo de
48 horas.
Esta demagógica disposición legal, obliga a las empresas a reponer los servicios
básicos a más de un millón de hogares y Pymes que actualmente tienen cuentas
morosas y que tienen suspendido los servicios. Según la Superintendencia de
Servicios Sanitario, existe más de un millón de cuentas en situación de mora con
respecto a los servicios de agua y luz eléctrica en el país. El plazo máximo de 48
horas es imposible de cumplir. Las empresas no tienen la capacidad de trabajo,
técnica y profesional que les permita cumplir esta disposición legal.
Según la Superintendencia ya mencionada, a fines del mes de junio, cerca de 540
mil clientes registraban una deuda mayor a 45 días en sus cuentas de energía
eléctrica y del total de sus clientes, la mitad de los morosos tienen deudas
superiores a un año.
Hay que señalar que el punto más alto de morosidad se produjo durante la
pandemia, período en el cual se registró la cifra de 760.000 hogares en mora.
