Por Renato Ahumada C.
Director El Cordillerano
Un abogado presentó al Tribunal Constitucional, un requerimiento para declarar inconstitucional a la CAM y a otros tres grupos mapuches de carácter terrorista que operan en la Macro zona Sur. El citado tribunal, rechazó por 4 votos contra uno, acoger el requerimiento. El dirigente máximo de esa organización terrorista, Hector LLaitul volvió días atrás a legitimar los actos de violencia en la Macro zona Sur y el gobierno una vez más – en un primer momento – descartó querellarse en su contra por la Ley de Seguridad Interior del Estado. El dirigente de la CAM, señaló a un medio digital mapuche que “la prioridad se centra en canalizar la violencia hacia el sabotaje, uno muy bien dirigido hacia insumos, hacia maquinarias”. El dirigente justificó además la quema de escuelas e iglesias católicas y evangélicas señalando: “No se ataca a trabajadores ni campesinos pobres y si en algún momento alguien hizo una definición porque hayan objetivos en las iglesias evangélicas, en los templos católicos o en las sedes comunitarias o las escuelas, como símbolos del colonialismo, la enajenación y la intolerancia frente a los mapuches, nosotros igual los entendemos como argumentos muy sólidos, pero no atacamos ese tipo de objetivos como CAM”.
El gobierno, a través de la vocera, ministra Camila Vallejo, descartó – en primera instancia – que el ejecutivo presente una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado, contra Hector Llaitul, señalando que “Hemos fijado una posición y en esto no hay cambios al respecto. Hay investigaciones en curso y hay querellas presentadas y, por lo tanto, respecto de estos delitos o posibles delitos será la fiscalía la que determine las acciones y las responsabilidades”.
La posición del gobierno frente a las amenazas del dirigente de la CAM resultaba inexplicable. Hacían pensar que el gobierno minimiza de manera irresponsable los dichos del dirigente terrorista. Sin embargo, el gobierno, ante la avalancha de críticas incluso provenientes de gente de su propio sector, debió – días después – cambiar de posición y comunicar que aplicaría la Ley de Seguridad Interior del Estado al dirigente del grupo terrorista CAM. Lo sucedido demuestra una vez más que los dirigentes del Frente Amplio y del Partido Comunista tienen un problema estructural que les impide condenar la violencia. Ello quedó claramente demostrado en el borrador de nueva constitución, donde se suprime el recurso legal ya citado, para reemplazarlo por otro, que a todas luces, resultará ineficaz para combatir la violencia desatada y el terrorismo.
