Es una mala Constitución aquella que no protege la propiedad privada o vulnera las reglas básicas de una economía de mercado
Un grupo importante de 30 economistas, entre los cuales se cuenta Joseph Ramos señalan que en la propuesta de nueva Constitución hay áreas que “podrían generar importantes riesgos e incertidumbres en materia económica, pudiendo afectar la estabilidad política y económica del país y, con ello, su desarrollo socioeconómico”.
En el documento señalan que el consentimiento de los pueblos indígenas por ir “más allá del Convenio 169 de la OIT”, podría traducirse en impedimentos para proyectos de inversión. Agregan que “la expropiación y restitución de tierras a los pueblos originarios inseguriza el derecho de propiedad en las zonas afectas, incentiva reclamos falsos y pone en riesgo nuevas inversiones hasta el término del proceso”.
En el ámbito económico, los economistas no ven – en la propuesta constitucional – ningún artículo que favorezca la productividad y el desarrollo económico. En cambio, señalan que contiene varios artículos que erosionan la economía. Por ejemplo, nacionalizar la minería o remover las bases de una economía de mercado. Ello dificulta un crecimiento más allá de lo mediocre.
Detallan otras disposiciones que no favorecen el desarrollo económico del país:
A) Los derechos de agua, que pasan a ser no comercializables. Es grave, y de duración definida, menos grave, si se pueden renovar en condiciones objetivamente enunciadas. Esta disposición golpea a miles de agricultores cuya propiedad pierde mucho valor sin indemnización y reduce el valor de las garantías que respaldan sus créditos, reduciendo sus inversiones. Tira por la borda el nuevo Código de Aguas que el Parlamento acaba de aprobar por amplia mayoría.
B) La iniciativa parlamentaria en gastos, seguridad social e impuestos que debilita la responsabilidad fiscal.
C) La autonomía financiera de los territorios, que incluye la posibilidad de emitir deuda, donde el fisco central pasará a ser el que se hará garante efectivo de la deuda, lo que presionará la deuda pública al alza sin mayor freno. El principio de responsabilidad fiscal enunciado en la Constitución es aspiracional más que eficaz. D) Se incrementará la conflictividad laboral al extender el derecho de huelga a cualquier momento, incluso mientras rija el contrato colectivo, y sobre cualquier materia, incluso en temas no atingentes a la empresa, como solidaridad con otras huelgas o presionar por legislación. Esto es gravísimo tratándose del sector público. E) Las concesiones mineras dejan de ser indefinidas. Me parece bien que sean del tipo ‘úsenlas o piérdanlas’, pero dejan de tener protección constitucional pues son revocables por simple ley. Esto desalentará la inversión minera que es muy necesaria para el país.
Joseph Ramos señala que “es una mala Constitución aquella que no protege la propiedad privada o vulnere las reglas básicas de una economía de mercado”. Ello frenará el desarrollo. Al respecto señala que en los países que garantizan muchos derechos sociales no los logran – en la práctica – satisfacer adecuadamente. Entre otros aspectos cuestionables de la propuesta constitucional el grupo de economistas señala:
F) En relación con el Banco Central es criticable que se establezca la remoción de los consejeros. Eso es un peligro. Arriesga la independencia de los consejeros.
G) Haber restringido la materia de exclusividad del Ejecutivo en proyectos que impliquen gasto. La propuesta le da al Parlamento iniciativa en seguridad social sin concurrencia presidencial, prestándose al populismo parlamentario. En materia de gastos el Parlamento debe concitar la concurrencia presidencial. El Parlamento propondrá mayores gastos y el Ejecutivo debe cuidar la responsabilidad fiscal. Esta situación será fuente de graves conflictos entre ambos. Finalmente señalan que la nueva Constitución habla de responsabilidad fiscal, pero en la práctica fomenta la indisciplina fiscal.
