Sylvia Eyzaguirre
Investigadora senior
Centro de Estudios Públicos CEP.
La condonación universal de los créditos para educación superior (CAE, Corfo y
Fondo Solidario) es una de las promesas emblemáticas de la campaña electoral
del presidente Boric. El proyecto de ley, ingresado el 8 de octubre a la Cámara,
no es una condonación del CAE, aun cuando algo de ello hay. Se trata más bien
de un nuevo esquema de financiamiento público para la educación superior
(FES) que reemplazará al sistema de créditos.
El nuevo sistema de financiamiento busca profundizar la “gratuidad” en
educación superior. Dado que el Estado no tiene los recursos para financiar
directamente la gratuidad, se propone una forma indirecta de financiamiento a
través de impuestos a los graduados o “fondo revolvente”. Lo esencial, en
términos conceptuales, radica en disociar el costo de estudiar de la retribución
posterior que hacen los beneficiarios una vez que comienzan su vida laboral.
1. Mejorar la recuperación de los recursos públicos
La condonación parcial del CAE tendría un costo estimado de 785 millones de
dólares (Horizontal 2024). Este es un costo excesivo si lo comparamos con los
2.800 millones de dólares que invierte anualmente el Estado en educación
parvularia (Ley de Presupuesto 2024). Sin embargo, atendiendo a la magnitud
de la deuda por morosidad del CAE, resulta acertado proponer incentivos
económicos para que los morosos se adscriban al nuevo sistema, cuya forma de
recaudación es más eficiente, logrando así reducir la tasa de morosidad.
El estudio financiero del proyecto de ley es sumamente optimista respecto de la
recaudación que pretende lograr. Evaluar la costo-efectividad de los incentivos
propuestos y estimar la recaudación a partir de las tasas de contribución
establecidas en el proyecto requieren de un examen en mayor profundidad; pero
avanza en la dirección correcta.
2. Garantizar la sostenibilidad del sistema de educación superior
Las orientaciones del Estado para el sistema de educación superior son
contradictorias. Por una parte, la acreditación obligatoria y los nuevos
estándares de calidad empujan al sistema a avanzar en mayor complejidad. Sin
embargo, la política de financiamiento de la educación superior avanza en la
dirección contraria.
El 75% de los programas de pregrado universitarios adscritos a la gratuidad
tienen un arancel regulado más bajo que el real. En promedio, la diferencia entre
el arancel real y el regulado es de $581.000. En el caso de los Centros de
Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) adscritos a gratuidad,
dos tercios de los programas tendrían un arancel regulado más bajo que el real,
siendo la diferencia promedio anual de $118.000.
El nuevo sistema de financiamiento que reemplazará al CAE profundiza el
problema financiero de las instituciones de educación superior y atenta contra la
autonomía de ellas. El FES establece que el Estado pagará a las instituciones el
monto correspondiente al arancel regulado y los derechos de matrícula y
titulación, prohibiéndoles cobrar la diferencia entre el arancel real y el regulado a
los estudiantes con FES pertenecientes a los nueve primeros deciles de
ingreso.
Junto con fijarles el precio, también les fijará el número de vacantes, que es otra
de las medidas que las instituciones tendrían para allegar más recursos. Con
ello, el Estado pasa a ser la única fuente de financiamiento para todas las
instituciones que se adscriban a la gratuidad y al FES, que, en la práctica, sería
la gran mayoría.
El impacto del FES sería heterogéneo para las distintas instituciones y planes de
estudio. Algunos programas universitarios presentan una diferencia de cinco
millones de pesos anuales entre el arancel real y el regulado.
Esta importante reducción de recursos sin duda impactará en la calidad de las
instituciones de educación superior, presionando al sistema en su conjunto a
disminuir su complejidad. Además, si no se cuenta con otros instrumentos
alternativos al FES, el sistema tenderá a segregarse.
3. Aliviar la situación de los deudores
En primer lugar, llama la atención la discriminación que hace el FES entre
estudiantes universitarios. Dado que el plazo máximo establecido para la
contribución es de 20 años, los estudiantes universitarios de carreras con una
duración nominal mayor a 10 semestres, como Medicina e Ingeniería, pagarán la
misma cantidad de años que los estudiantes de carreras de 10 semestres.
En segundo lugar, si bien el FES es generoso con quienes tienen bajos ingresos
durante su vida laboral, puede convertirse en una carga mucho más pesada de
llevar que el CAE para quienes tengan una trayectoria laboral exitosa en
términos de renta. Un beneficiario del FES puede terminar pagando mucho más
de dos veces lo que el Estado invirtió.
Finalmente, el proyecto de ley discrimina de forma arbitraria entre dos personas
similares. Mientras un beneficiario del FES con una trayectoria laboral exitosa
deberá pagar durante 20 años el 8% de sus ingresos, la misma persona
beneficiaria del CAE que solo pagó su deuda, recibirá del Estado 4 UF si egresó
o 6 UF si desertó durante 20 años a través de un crédito contra el impuesto
global complementario.
4. Derecho social a la educación superior
El FES no presenta una ventaja en términos de garantizar el derecho social a la
educación superior. Si bien garantiza que los estudiantes de los primeros nueve
deciles no paguen mientras estudian, ello no implica necesariamente una mayor
inclusión de los estudiantes de los deciles de menores ingresos.
Como se advierte en el Destacado 2, el CAE (que contempla un copago por la
diferencia entre el arancel de referencia y el arancel real) tuvo un impacto directo
en la expansión de la matrícula de educación superior, que benefició
principalmente a los estudiantes de los quintiles de menores ingresos; impacto
que no tuvo la gratuidad (véase Tabla 2).
Conclusiones
El FES implica una merma importante de recursos para las instituciones de
educación superior, atentando contra la calidad del sistema. La ansiada
gratuidad, que el Gobierno busca materializar a través de este proyecto, no es
gratis; es a costa de la calidad del sistema y, probablemente, también de la
inclusión.
Los cuatro objetivos declarados del FES no se cumplen con esta propuesta. De
hecho, de perfeccionarse el CAE, este lograría satisfacerlos de forma más
eficiente, responsable y justa que el FES.
